Si hay algo en lo que parecen seguir estando de acuerdo Pedro Sánchez y Susana Diaz es en que el PSOE no puede ir con el PP a ningún sitio, razonando su  postura negacionista con el argumento, entre otros, de que el Partido Popular ha hecho mucho daño en este país. Ambas afirmaciones han sido realizadas y mantenidas por los dos líderes políticos, una vez fracasado el intento de investidura del secretario general del PSOE y anunciados unos nuevos comicios electorales.

Los dos políticos han tenido palabras de rechazo hacia lo que  denominan, con más o menos matices,  "plan de estabilidad" que el gobierno ha enviado a Europa y que, según Díaz  "dice nítidamente que van a bajar el gasto en educación y sanidad respecto a nuestro PIB".

El rotundo y grueso desacuerdo de los líderes socialistas con el actual gobierno en funciones, ampliado y enriquecido, es coincidente con el expresado por los dirigentes de Podemos e Izquierda Unida y de los sindicatos UGT y CCOO,  con el compromiso adicional de derogar textos legislativos aprobados por la mayoría parlamentaria del PP como la Reforma Laboral y la LOMCE, con el añadido por parte sindical de mejorar la calidad del empleo y de las prestaciones sociales, así como de aprobar una subida del salario mínimo y una reforma fiscal para apuntalar las cuentas de la Seguridad Social. Como es habitual, todos ellos se cuidan muy mucho de incorporar el “cómo” a sus slogans y proclamas.

Coincidente con la posición de la izquierda política española era la decisión de la Comisión Europea de enmendar la plana al gobierno Rajoy, corrigiéndole las cifras de déficit y apuntando unas previsiones de crecimiento inferiores a las presentadas por De Guindos. En definitiva, una enmienda a la casi totalidad de la política económica española, calificada de “austericida” por la oposición y que ha llevado a España a incumplir sistemáticamente sus compromisos con Bruselas en materia de déficit público, algo en lo que, al parecer, derecha e izquierda española tienen intención de reincidir.

Cuando falta mes y medio para las nuevas elecciones, analistas e inversores de aquí y de allá, ven con preocupación, no solo la falta de sintonía entre los principales líderes políticos, sino la indefinición  en que se mueven los partidos sobre las prioridades básicas del país y que, en ningún caso, son abordadas, con concreción, en las largas campañas electorales regidas por inmisericordes cuadernos de campañas, que solo se ocupan de definir mensajes simplones que los candidatos, a su vez, repiten con una monotonía que en muchas ocasiones resulta insultante para el ciudadano votante. Una especie de impostura hecha verbo.

Aunque con muchos matices, no dejan de resultar ciertos los logros del gobierno del PP en materia económica, de la misma manera que no es menos cierto que la carga de la política económica ha recaído, fundamentalmente, en las clases medias, y que quedan muchas asignaturas pendientes entre la que sobresale reducir la gran desigualdad generada por la crisis y la política económica. Todo ello debería ser suficiente motivo para que se tratara de consolidar compromisos de Estado que entronizaran a España, de una vez por todas, en el siglo XXI y cuyo desarrollo y puesta en práctica queda muy lejos de esa letanía a la que es tan aficionado Rajoy cuando afirma una y mil veces que “queda mucho trabajo por hacer”.

Porque lo cierto es que lejos de simplezas y mantras electorales, España tiene una larga lista de retos que ninguno de los grandes partidos y de los sucesivos gobiernos se atreven a detallar y menos a concretar –que no enunciar- y que merecerían situarse en el frontispicio de todo programa electoral, más allá de los reclamos electorales sobre la reducción del paro, el aumento del salario mínimo o la consecución de una sociedad más justa y menos desigual.

Lejos de esas  definiciones primarias, subyace un sinfín de retos que resultan perentorios abordar y a los que los partidos políticos, con aspiraciones de gobierno, deberían hacer frente, olvidándose de incompatibilidades genéticas y vetos de diversa índole.

Solo así sería posible plantarle cara a problemas preocupantes y profundos presididos por uno que, al día de hoy, resulta alarmante -el demográfico- con derivaciones sobre todos los demás. Pese a lo inquietante del asunto, pocos conocen las medidas efectivas de los partidos políticos sobre este problema que lleva creciendo desde hace años, aunque haya sido en 2015  cuando el número de fallecimientos ha superado al de nacimientos, siguiendo una tendencia al que, por ahora, nadie ha sabido poner freno más allá del  Refugees Welcome de la alcaldesa Carmena. La canciller alemana, Merkel, al menos, ha apostado por acoger a más de un millón de “refugiados” de todo tipo, en un  intento de complementar las soluciones implementadas en Alemania en materia de fomento de la natalidad.

A partir de ahí, se suceden las exigencias que parecen irrenunciables y que no entienden de vetos y de incompatibilidades. La primera, en opinión de economistas y observadores, la transformación del modelo productivo muy ligado hasta ahora a los servicios y la construcción y que ha demostrado su vulnerabilidad en materia de empleo y de mantenimiento de empresas.

Y si de la solución a estos retos y del “cómo” se abordan estos problemas por parte de los partidos políticos poco se sabe,  algo similar ocurre con el mantenimiento de las pensiones; la perentoria reforma de la educación; las políticas de I+D+i; la reindustrialización; la atomización de las pymes; el rediseño de una política fiscal eficiente y suficiente; la sociedad de la información y del conocimiento; la digitalización; la dependencia, o la puesta en marcha y desarrollo de una política energética a la que nos “obliga” la Cumbre de Paris.

Y todo ello con el debido respeto a la exigencia sobre el déficit público de la Comisión Europea.