El ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, ha anunciado que en los próximos días se aprobará un acuerdo de no disponibilidad de crédito por importe de 2.000 millones de euros con cargo a los Presupuestos generales del estado de 2016, con el objetivo de recortar el déficit público que acabó en 2015 en el 5%, muy por encima del 4,2% comprometido con Bruselas y ante la imposibilidad objetiva de cumplir el 2,8% para este año.
No afectará al gasto social
Montoro aseguró que este recorte no afectará al gasto social ni a partidas consideradas como prioritarias, como las de Seguridad del Estado, transferencias a la seguridad Social, Servicio Público de Empleo estatal (antiguo Inem), o Adif para gastos de mantenimiento.
De los 2.000 millones que se van a recortar, 950 millones corresponden al capítulo VIII de los presupuestos, y afectan a las partidas de gastos corrientes de los Ministerios de Economía, Fomento y el de Industria, Energía y Turismo.
Amenaza de sanciones
La Comisión Europea ha comunicado al Gobierno de Rajoy la puesta en marcha del procedimiento por déficit excesivo. Todos y cada uno de los cuatro años de la Legislatura de Rajoy Bruselas ha concedido prórrogas para cumplir el objetivo de déficit, y cada año el Gobierno ha incumplido con Bruselas. El enfado con el gobierno del PP es profundo, dado que en un año de fuerte crecimiento económico no se ha reducido el déficit y además Rajoy aplicó dos rebajas del IRPF, que fue una pura y dura estrategia electoral, a sabiendas de que incumplirían el objetivo.
Además el Gobierno ya sabía el pasado mes de octubre que no cumpliría ni de lejos y, sin embargo, tanto los ministros De Guindos como Montoro y propio Rajoy, mintieron en sus declaraciones pública y aseguraban que "con toda seguridad" se cumpliría el compromiso con Bruselas.
Consejo de Política Fiscal y Financiera
Montoro hizo este anuncio horas antes de que se reúna el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se prevé más que tenso. Montoro ha enviado una carta a todas las Comunidades Autónomas exigiéndoles más recortes, a lo que todas -incluidas varias del PP- se han negado en redondo. Las Comunidades consideran que debe ser el Gobierno central el que recorte de sus gastos, dado que ellas asumen las partidas de más gasto (educación y sanidad) y no están dispuestas a recortar más.
