Era un clamor y estaba cantado. El déficit público cerró 2015 en el 5,16% del PIB, un punto más de lo previsto, mientras la brecha entre gastos e ingresos del conjunto de las Administraciones fue en ese año de 56.608 millones.

Una vez más, España incumplía su compromiso con el Pacto de Estabilidad y con la Unión Europea y el déficit público seguirá muy por encima de lo que señalan los acuerdos, por mor, entre otras cosas, de unas comunidades autónomas voraces que registraron un déficit del 1,66% del PIB frente al 0,7% proyectado, y de la Seguridad Social, con un desfase del 1,26% frente al límite comprometido del 0,6%.

A principios de octubre de 2015, a las puertas de la última campaña electoral, la Comisión Europea dejaba sin argumentos al gobierno de Rajoy al anunciar públicamente su comisario de Asuntos Económicos, el socialista francés, Pierre Moscovici, que se preveía un incumplimiento ese año de tres décimas de PIB en el agujero fiscal —hasta el 4,5%, frente al 4,2% acordado— y de nada menos que siete décimas en 2016 (el 3,5% frente al 2,8%), lo que supondría quedarse, un año más, en el furgón de cola de los países en procedimiento de déficit excesivo.

El anuncio de Moscovici, que venía acompañado de una petición para que el gobierno español actuara en consecuencia para cumplir con el límite de déficit que marca el Pacto de Estabilidad, e incluso que modificaran los Presupuestos Generales del Estado, aprobados con antelación, mereció todo tipo de descalificaciones por parte de Rajoy y de su ministro de economía, De Guindos, ya que la afirmación del comisario europeo venía a suponer una descalificación global a la política económica del gobierno, principal baza electoral del PP de cara a los comicios del 20 de diciembre. Por pedir, Moscovici llegó a pedir entonces al gobierno que saliera de las urnas “un proyecto entero nuevo”. En la trifulca tuvieron que intervenir Merkel, Juncker, Dijsselbloem y Lagarde.

Tanto fue así, que De Guindos respondió a Moscovici manifestando que el gobierno español no realizaría ajustes adicionales, ya que España cumpliría hasta la última décima del recorte de déficit, y para ello se basaba en una evolución de los ingresos fiscales muy positiva y en unas previsiones de crecimiento mucho más optimistas que las del Ejecutivo comunitario, que llevaba varios años errando el tiro, a lo que había que añadir los menores gastos por prestaciones por desempleo y deuda pública. Un brindis al sol que se demostró de imposible cumplimiento.

La reincidencia en el incumplimiento español es del todo punto clamorosa y se viene a unir a las iniciadas en junio de 2013, cuando la Comisión Europea modificó su inicial calendario ampliando en dos años el plazo concedido a España para reducir el déficit público por debajo del 3%, a la vez que relajaba los objetivos fijados para los años siguientes: un 6,5% para 2013; un 5,8% en 2014; un 4,2% en 2015 y un 2,8% del PIB en 2016, aunque bien es cierto que de esa extensión no solo se beneficiaba España, sino Francia, Polonia y Eslovenia, mientras Portugal, Bélgica y Holanda dispondrían de un año más.

El déficit público de 2014 fue del 5,7% del PIB, mejorando en 6 décimas el de 2013, aunque supuso una desviación de 2 décimas respecto al objetivo de estabilidad (-5,5%).

En pleno proceso del largo e inútil calendario de investidura, Moscovici lanzaba un severo aviso a navegantes al dejar claro que "las medidas que son necesarias lo continúan siendo y deberán realizarse sea quien sea el gobierno que se forme".

El nuevo incumplimiento en materia de equilibrio de las cuentas públicas del gobierno español, no solo es una especie de enmienda total a la política de gasto del gobierno, sino que equipara al gobierno Rajoy con el gobierno Zapatero en este capítulo y que se convirtió en una especie de mantra argumental, al que se acogieron los ministros del gobierno para defender la dureza de la “herencia recibida”, a la vez que pone en duda, una vez más, la viabilidad del sistema autonómico tal y como está actualmente planteado.

Analistas internacionales convienen en señalar que esta desviación pone de manifiesto debilidades en el marco institucional de disciplina fiscal, pues las reglas fiscales y mecanismos de disciplina españolas no han funcionado.

En suma, la economía española afronta un importante reto, para que el necesario proceso de consolidación fiscal sea creíble. Ello va a requerir redefinir unos objetivos alcanzables, establecer planes presupuestarios a medio plazo (donde se aborde el tema de la Seguridad Social y las CCAA) y un fortalecimiento del marco institucional de disciplina fiscal.