El Senado va a votar este miércoles una moción que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, en el que pide “la supresión del aforamiento de diputados, senadores y miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas”. Como se sabe, el aforamiento lo que viene a suponer de facto es que sólo el Tribunal Supremo o los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos pueden investigar y procesar a los parlamentarios nacionales o autonómicos respectivamente.

"Un privilegio innecesario"

En el escrito en el que presentan esta petición, los socialistas habían argumentado que este privilegio de los parlamentarios, que se había justificado en que “los órganos judiciales superiores se encuentran en mejores condiciones de garantizar una actuación independiente”, en realidad “constituye una excepción al principio de igualdad ante la ley”, que se percibe por la ciudadanía como “un privilegio innecesario”. Una percepción que se refuerza, dicen los socialistas, “especialmente cuando asiste (la población) a situaciones injustificables de “aferramiento al escaño” que sólo se explican como último resquicio para evitar una investigación judicial”.

La moción ha recibido ya el apoyo, en declaraciones previas, de todos los grupos políticos con una excepción, la del Grupo Parlamentario Popular. El resultado es que la mayoría absoluta del PP en el Senado seguramente provocará que la moción sea rechazada. Pablo Casado, el vicesecretario de Comunicación popular ya advirtió este fin de semana que su partido no está a favor “de abrir el modelo de convivencia en canal”.

¿Por qué esta resistencia del PP a un cambio que socialmente tiene tanto apoyo? En seguida se viene a la mente el caso Rita Barberá. Su “aferramiento al escaño”, y sus insinuantes sms y WhatsApps a sus compañeros de partido. Pero eso sería quedarse en la superficie. Porque hay más. Bastante más.

Pilar Barreiro, una alcaldesa bajo sospecha continua

Los problemáticos alcaldes senadores

Para empezar, está el caso de la senadora Pilar Barreiro, exalcaldesa de Cartagena, y que tiene en su horizonte la votación que debe realizar el Tribunal Supremo. Hace sólo una semana, un juez decidió revocar el archivo y reabrir el caso de corrupción urbanística Novo Carthago, una sospechosa recalificación de terrenos por el que se aprobó la creación de 10.000 viviendas en una zona natural protegida, y por tanto no urbanizable. La alcaldesa ha sido desde entonces protegida por el PP, y así mientras el escándalo no dejaba de crecer, Génova la mantenía aforada, aunque para ello la tuviera que incluir en las Comisiones Permanentes de las Cámaras en los periodos entre elecciones.

Otro caso extraordinario es el del senador por Castilla-La Mancha Juan Pablo Sánchez Sánchez-Seco. Se puede imaginar fácilmente su ánimo a la hora de votar la pérdida de aforamiento de los parlamentarios si se tiene en cuenta que, por diversos delitos de prevaricación, durante el tiempo que fue alcalde del municipio de Pastrana, en Guadalajara, acumuló hasta siete imputaciones ante la Audiencia Provincial.

Otro senador popular que tendrá razones personales que valorar a la hora de votar sobre los aforamientos será Antonio Galván, alcalde de Calzadilla de los Barros, y acusado de delito electoral, como les contamos en su momento en ELPLURAL.COM. A Galván se le acusó de empadronar a nuevos vecinos, en concreto 63 personas, en casas que eran propiedad del propio Ayuntamiento o en viviendas abandonadas. Gente a la que, como dijo uno de los empadronados sobrevenidos, se le ponía en un coyuntura evidente: “das tu voto a quien te da trabajo, y a mí me llamaron para hacer varias obras en el pueblo”.

Juan Soler, ex alcalde de Getafe, en el punto de mira de la justicia. Foto Flickr

Y, por supuesto, también es el caso de Juan Soler, antiguo alcalde del municipio madrileño de Getafe, que este mismo mes de marzo ha saltado a los medios de comunicación por las sospechas que hay sobre la adjudicación del proyecto de construcción del Teatro Municipal. Un próximo a Cifuentes, en realidad Soler es un ‘clásico’ de las listas de políticos salpicados con historias de concesiones ‘dudosas’, desde que su municipio concedió contratos por medio millón de euros a Waiter Music, una de las empresas de la órbita del procesado Francisco Granados.

Aún hay más ‘Ritas’ en el Senado, a los que la pérdida del aforamiento resultaría problemática. Por ejemplo, José Ortiz, alcalde Vejer de la Frontera, Cádiz, y que se vio investigado por once contrataciones presuntamente ilegales, por las que se le ha investigado por supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Claro, que el propio portavoz en el Senado del Grupo Parlamentario Popular, José Manuel Barreiro ha estado imputado en el Supremo hasta fechas recientes, por sospechas sobre su posible implicación en el caso Pokemon. El juzgado de Instrucción número 1 de Lugo había visto “indicios suficientes” para interrogarle con el fin de establecer si había razones suficientes para indagar si cometió un delito de cohecho por el que habría recibido 5.000 euros.