¿Qué intereses le mueven al ministro de Defensa en funciones, Pedro Morenés, para mantener activo el contrato con la empresa Proman SG encargada de la consejería del Museo del Ejército de Toledo, cuando ésta ha sido condenada dos veces por “trabajo indecente” y sus máximos responsables imputados por supuesto cohecho? El caso es que esta compañía es una de las beneficiadas por el Miniterio que dirige el alavés, además de investigada por la Justicia por su relación con los tenientes coroneles C.P.R. y E.R.R., encargados de repartir el pastel millonario entre trece empresas y que fueron detenidos y encarcelados hace ahora dos años. Pero no sólo eso, Defensa ha reconocido que desde que Pedro Morenés es ministro ha firmado un total de 32 contratos con empresas de las que él fue consejero por un valor superior a los siete millones de euros.

Vulneración de la libertad sindical

Proman se hizo con la concesión del servicio de consejería del Museo del Ejército con una oferta a la baja cuya temeridad, finalmente, acabaron pagándola los trabajadores de esta institución. Pero no conforme con aplicar normas que llevaron a CC OO a catalogar de “trabajo indecente” los servicios prestados por los conserjes, la empresa se permitió el lujo, con la complicidad consentida por el ministro Morenés, de ningunear a los sindicatos, lo que ha provocado que el juzgado de lo Social de Toledo la condene a indemnizar con 1.500 euros a este sindicatos “por daños morales derivados de la vulneración del derecho fundamental de libertad sindical recogido en el artículo 28 de la Constitución, al prohibir la celebración de elecciones sindicales en su centro de trabajo”. Los hechos se remontan a finales de 2014, cuando la organización sindical promovió el proceso para la elección del delegado sindical y se topó con que la empresa no sólo incumplió de forma “manifiesta, consciente y voluntaria” todos “los deberes fundamentales que se imponen al empresario en los artículos 74 y 75 del Estatuto de los Trabajadores” en relación con la celebración de elecciones sindicales, sino que además impidió que se realizaran en el centro de trabajo (ver sentencia).

Las elecciones se celebraron en la calle

“Pese a que finalmente las elecciones se celebraron, tuvieron que hacerse en la calle, en presencia de notario y superando la oposición presentada por la empresa”, señala la sentencia, que destaca que es “evidente” que la actuación de Proman supuso “un daño moral para el sindicato, por los mayores esfuerzos que debió realizar para llevar a cabo las elecciones que había promovido en ejercicio de su derecho fundamental de Libertad Sindical, así como por el descrédito que dichas acciones le generaron”. Prudencialmente, la sentencia cuantifica estos “daños morales” en 1.500 euros. La magistrada de lo Social recuerda que esta condena se añade a la sanción “preventiva y disuasoria” de 6.251 euros que ya impuso a Proman la Inspección de Trabajo por estos mismos hechos, que los calificó de “infracción muy grave”, como así adelantó en su día ELPLURAL.COM.

CC OO pide la rescisión del contrato

El continuo desprecio de Proman por las libertades, su implicación en casos de supuesta corrupción y la vejación a la que mantiene a los trabajadores, según denuncia CC OO, lleva a la secretaria genera de Construcción y Servicios de Castilla La Mancha, Remedios Toboso, a instar de nuevo al Ministerio de Defensa a “rescindir de inmediato el contrato con Proman, una empresa que ya ha sido reiteradamente condenada por vulneración de derechos fundamentales y cuyos máximos responsables están imputados por cohecho”, para conluir asegurando que: “no puede ser que con dinero público se alimente a supuestos empresarios como los de Proman, cuya presencia en el Museo de El Alcázar avergüenza al Ejército de España.” En parecidos términos se expresa el máximo responsable del sindicato en Toledo, Jesús García Villaraco, que avisa a los navegantes que su organización “no va a consentir que se vulneren los derechos laborales en la provincia, comenzando por el derecho a la libertad sindical y por el derecho de los trabajadores a elegir a sus representantes en las empresas”, añade, “hay empresarios que aún consideran que la democracia se acaba en las puertas de sus empresas; esta sentencia viene a recordarles que eso no es así, que la libertad sindical es un derecho fundamental reconocido como tal en nuestra Constitución”.