La UE impuso a España de 18,93 millones de euros por la manipulación de las estadísticas sobre el déficit en la Comunidad Autónoma de Valencia en el período 2011-2012, lo que abarcaba tanto el final de la presidencia de Francisco Camps como el inicio de la del también popular Alberto Fabra. Se habían ocultado casi 2.000 millones de gasto sanitario. La sanción de Bruselas supuso un duro golpe a la credibilidad de los populares tanto a nivel europeo -en un momento clave de negociaciones- como interno. Y es que los de Mariano Rajoy precisamente tras formar Gobierno al inicio de 2012 habían mareado a todos los españoles con el discurso del "déficit oculto" de los socialistas para justificar los recortes que iban a emprender.

Sanción 'endosada' a los valencianos
A Cristóbal Montoro en cualquier caso la multa de Bruselas no le ha descuadrado las cuentas porque directamente la ha remitido a la Comunidad Valenciana, gobernada ahora por PSOE y Compromís, según acuerdo del Consejo de Ministros. Sin embargo, la Generalitat valenciana interpondrá un recurso ante el Tribunal Supremo contra ese acuerdo según ha informado al término de su sesión plenaria de este miércoles: "La decisión de endosar la sanción al actual Gobierno de la Generalitat por la gestión del anterior Consell es claramente contradictoria a los intereses de los valencianos".

Grave negligencia del Gobierno de Rajoy y el propio Montoro

El Ejecutivo valenciano recuerda que "el Gobierno central demostró una grave negligencia de sus competencias al no garantizar la realidad y veracidad de los datos que comunica a los organismos europeos", ya que gran parte de la información ya había sido revelada en sus informes por la Sindicatura de Comptes y por tanto eran conocedores de la situación y no pusieron objeción a los datos. El Consell señala al Ministerio de Hacienda como "único y exclusivo responsable" de los datos de déficit, y que debería haberlos contrastado y, en su caso, corregido sus inexactitudes.

Recurso ante el Tribunal Supremo
La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha avanzado que una vez sea firme la cuantía de la multa, la Generalitat se planteará "ir directamente" contra los responsables políticos últimos, que son quienes "escondieron el déficit" por una actuación lesiva contra los intereses de los ciudadanos valencianos y españoles. El Gobierno valenciano, según recoge EFE, ha autorizado a la Abogacía General de la Generalitat a interponer el recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo, después de haber presentado alegaciones con el fin de archivar y dejar sin efecto el procedimiento abierto, que el Ejecutivo central obvió. Sobre si la decisión de recurrir cierra las vías al diálogo con el Gobierno, Oltra ha asegurado que nunca se han cerrado pero el Ejecutivo valenciano entiende que el Estado no ha cumplido con su trabajo de vigilancia. Por ello, reclamará a través del "diálogo, de los tribunales y donde haga falta" porque, ha dicho, es "indignante", y ha añadido que con esos casi 19 millones se pueden construir seis colegios.

La vicepresidenta ha indicado, ante la próxima reunión del presidente valenciano, Ximo Puig, y el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, que el clima "es el que es", en referencia a que la Comunitat Valenciana lleva meses reclamando un sistema de financiación justo que acabe con "una anomalía democrática" que ha llevado a una situación "límite" de esta comunidad