En uno de los contextos más devastadores de la década de los 80 en América Latina, los jesuitas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y entre ellos su rector, Ignacio Ellacuría, trabajaban activamente en El Salvador por el diálogo, la paz y contra la pobreza. Les asesinaron. Una jueza estadounidense ha respondido positivamente a la extradición de uno de los responsables, el coronel Montano. Otros cuatro militares han sido detenidos por la policía salvadoreña. Vidal Martín, abogado del equipo legal que mantiene vivo el proceso, lo resume así para ELPLURAL.COM: “Cuando parecía que la impunidad iba a seguir extendiéndose sobre la memoria, de repente se abrió paso un rayo de luz”.


“La defensa de la paz que Ellacuría y su equipo realizaron activamente significó que él y su equipo fueran perseguidos, principalmente por el poder militar que gobernaba El Salvador. El Gobierno estaba controlado por “La Tandona”, la promoción de 1966 de la Escuela Militar, unos 20 oficiales reconocidos internacionalmente como el grupo que ocupaba todas las posiciones claves del ejército y del Gobierno. La persecución de los jesuitas no cesó hasta que fueron asesinados”, afirma Vidal Martín.


P. ¿De qué qué manera les recuerda la sociedad salvadoreña 27 años después?
R. El asesinato de los jesuitas fue un símbolo. Una manera de silenciar a los incómodos y a los desheredados. Y como tal, la sociedad salvadoreña ya entonces se rebeló y aún hoy pide justicia. No eran sólo guías espirituales, sino que eran líderes para las comunidades más pobres.


P. ¿Quiénes son los acusados en este proceso?
R. Son militares de distintos rangos, ya en retiro, que durante su ejercicio cometieron crímenes, algunos de ellos considerados los más graves que existen para la sociedad global. Antes de las recientes detenciones, la gran mayoría vivía en El Salvador y estaba cerca del poder político y económico del país. Disfrutaban de una placentera sensación de impunidad.


P. ¿Cómo se considera el caso en instancias más conservadoras?
R. Hasta que se hizo pública la decisión de extradición de la jueza estadounidense, fueron bastante cautos, salvo declaraciones puntuales. Sin embargo, a raíz de esa decisión y de las detenciones realizadas por la policía nacional de El Salvador, varios colectivos se han pronunciado públicamente en favor de los procesados y cuestionando la competencia de la Audiencia Nacional. Entre ellos, el partido ARENA (en el gobierno desde el año 1989, año de la matanza de los jesuitas, hasta el año 2009), ha reiterado públicamente su rechazo a la extradición de los 17 militares implicados en la masacre de los jesuitas y sus colaboradoras. El presidente de su Consejo Ejecutivo Nacional dijo que "eso debería estar guardado en el closet, en el baúl de los recuerdos" proponiendo ponerle un "candado" y "tirar la llave al mar".


P. ¿Y otros partidos?
R. Otros partidos conservadores como el Partido de Concertación Nacional (PCN) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC) se han posicionado en contra. Cabe señalar que uno de los diputados más agresivos del PDC con este proceso es Rodolfo Parker, el cual fue asesor jurídico del Estado Mayor y parte de la Comisión de Honor creada por el Ministerio de Defensa para investigar la masacre de los jesuitas. Según el informe de la Comisión de la Verdad, "existe plena prueba” de que el propio Rodolfo Parker “alteró declaraciones para ocultar las responsabilidades de altos oficiales en el asesinato" de los jesuitas y sus colaboradoras.


P. ¿Cómo fue el proceso en EEUU?
R. De los 17 procesados ante la Audiencia Nacional, sólo uno vive en EEUU, Inocente Orlando Montano, que en el momento del asesinato era coronel del ejército, tuvo un papel esencial en el asesinato de los jesuitas y tomó parte en la reunión donde se decidió matar a Ellacuría. En EEUU, donde Montano trabajaba en una fábrica de chucherías, se le condenó por fraude migratorio. Una vez en prisión, el Departamento de Estado de EEUU aceptó la petición de extradición enviada por la Audiencia Nacional y posteriormente ha sido un tribunal de Carolina del Norte (donde Montano cumplía condena) el que ha otorgado la extradición, al encontrar suficientes evidencias para determinar la probable participación de Montano en los asesinatos. Ahora falta que el Secretario de Estado de EEUU, John Kerry, proceda a la adjudicación de Montano a las autoridades españolas, cuestión que debe suceder en las próximas semanas.


P. ¿Cree que se otorgará la extradición de los otros cuatro militares detenidos?
R. Está aún por ver puesto que, por ahora, únicamente podemos afirmar que, en cumplimiento de la orden internacional de arresto, la Policía Nacional de El Salvador ha capturado al coronel Guillermo Alfredo Benavides, los sargentos Tomás Zárpate Castillo y Antonio Ramiro Avalos Vargas, y al cabo Ángel Pérez Vásquez. La justicia salvadoreña debe pronunciarse ahora sobre la extradición de los cuatro detenidos. Mientras tanto, otros 12 militares, los de más alto rango entre los procesados, están prófugos de la Justicia.


P. ¿Cabe la posibilidad de que el juicio tenga lugar en aquel país?
R. Es una incógnita. La preferencia siempre es que se juzguen los hechos allá donde se produjeron. Ello facilita el acceso de las víctimas a ser escuchadas, el acceso a testigos y a pruebas. En ese caso, toda la documentación que obra en poder de la Audiencia Nacional se trasladaría al tribunal salvadoreño indicado. Sin embargo, en ese caso, las autoridades salvadoreñas deberían estar en grado de asegurar un juicio justo para todos los crímenes cometidos, la independencia judicial, el debido proceso y, por tanto, derogar la vigente Ley de Amnistía del país y alejar la sombra de aquel juicio fraudulento que celebró en 1991, tal y como lo definió la Audiencia Nacional.


P. ¿Qué circunstancias diferentes reúne este caso para que haya seguido vivo en la Audiencia Nacional española?
R. El doble recorte en Jurisdiccional Universal que se ha llevado a cabo en España es lamentable. La última, la de 2014, es especialmente incongruente y, apelando a jurisprudencia nacional e internacional, se ha puesto de manifiesto su falta de rigor jurídico. El caso de los jesuitas sigue abierto porque, a pesar del recorte -motivado por intereses económicos y de otros Estados-, los delitos tipificados en él siguen estando dentro de la casuística que recoge la Ley 1/2014.


P. ¿Qué significa este caso desde un punto de vista jurídico?
R. Significa un avance enorme, puesto que puede tratarse de la segunda vez en la Historia que se abra juicio oral ante la Audiencia Nacional en el contexto de Justicia Universal. La otra ocasión fue en el caso Scilingo, condenado finalmente por el Tribunal Supremo en 2007 por delitos de Lesa Humanidad y detenciones ilegales cometidos durante la dictadura argentina. El caso de la Audiencia Nacional persigue ocho delitos de asesinato terrorista y uno de Lesa Humanidad. Sobre todo, estos avances rezuman esperanza. Además del resarcimiento que debe ofrecer a los familiares de las víctimas directas de los asesinatos, la población salvadoreña que sufrió esos crímenes contra la Humanidad tiene una nueva posibilidad de encontrar verdad, justicia y reparación a uno de los crímenes que dejaron sin aliento a toda la sociedad.