La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y su concejal de Cultura, Celia Mayer



Desde que dos titiriteros, contratados por el Ayuntamiento de Madrid para los festejos de los Carnavales, fueron detenidos y acusados por enaltecimiento del terrorismo, las críticas y los reproches no han cesado de caer sobre Manuela Carmena y su equipo.

Este lunes, quizás llegue la primera buena noticia de la mano de la Audiencia Nacional, y es que, su Fiscalía se ha opuesto a admitir a trámite la querella que presentó la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) contra la alcaldesa, su concejal de Cultura, Celia Mayer, y el director artístico Ramón Ferrer Prada, destituido poco después de saltar la polémica.

Según explica el fiscal Pedro Rubira en su informe, no se pueden pedir responsabilidades penales a los cargos políticos y administrativos contra los que se dirige la AVT porque "no han ejecutado actos o vertido expresiones" que puedan suponer un delito de enaltecimiento del terrorismo.

Copartícipes del delito
Para presentar la querella, la AVT se sustenta en que, tanto, Carmena como Mayer y Ferrer "tenían que conocer el contenido de la obra que se iba a representar" ya que ocupan cargos de gran responsabilidad dentro del Ayuntamiento. Precisamente por esto les consideraba autores y copartícipes de un delito de enaltecimiento del terrorismo. 

En contraposición, el fiscal les ha recordado que el Tribunal Supremo, en "numerosas sentencias", ha establecido que el delito de enaltecimiento "requiere un comportamiento activo, que excluye la comisión por omisión, tanto propia como impropia, siendo un delito de mera actividad y carente de resultado material, y de naturaleza esencialmente dolosa e intencional".

Por ello, ninguno de los tres "han ejecutado actos o vertidos expresiones que permitan considerarlos como responsables del delito de enaltecimiento del terrorismo", sentencia.

Los titiriteros no se salvan
Sin embargo, no corren la misma suerte los dos titiriteros responsables de la polémica obra: Raúl García Pérez y Alfonso Lázaro de la Fuente. Contra ellos también se ha querellado Dignidad y Justicia, "al existir identidad tanto en los hechos, los autores investigados en la instrucción judicial, como en la calificación jurídica".

Pese a ello, el fiscal también ha rechazado imponer a los titiriteros una fianza como reclamaban los querellantes, ya que el procedimiento existente contra ellos procede de una denuncia que dio lugar a la apertura en el juzgado de unas diligencias "anteriores a las querellas".

De este modo, los dos titiriteros, a los que el juez dejó en libertad el miércoles tras pasar cinco días en prisión, continuarán siendo los dos únicos investigados en esta causa, en la que el juez les ha impuesto medidas cautelares: comparecencias diarias en el juzgado más próximo a su domicilio, retirada del pasaporte y prohibición de abandonar el territorio nacional.