El consejero madrileño, que ha declarado en calidad de testigo y, por lo tanto, con obligación de decir la verdad, ha echado balones fuera y se ha limitado a presentarse como un intermediario de documentos, responsabilizando a los técnicos del posible perjuicio del Ayuntamiento de Boadilla del Monte.
Taboada ha asegurado que no conoce al presunto líder de la red de corrupción Gürtel, Francisco Correa, y que solo se dedicó a recibir la documentación sobre ese terreno para remitirla a la Dirección General de Urbanismo para obtener su visto bueno.
El que fuera director general de Cooperación con la Administración Local ha negado que la operación causara un perjuicio económico al consistorio y ha precisado que fueron los técnicos municipales quienes valoraron la parcela en unos 30 millones para que luego acabara siendo vendida en cerca de 19 millones.
Curiosamente, hace unos días, el mismísimo ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, hacía unas declaraciones que hoy toman relevancia con la declaración de Taboada: "La persona que tiene la responsabilidad política de que eso se haya producido tendrá que dar alguna explicación. A mí, echarle la culpa a un técnico... pues bueno, ellos sabrán". Catalá se mostraba muy crítico con quienes confunden responsabilidad penal con responsabilidad política... Eso sí, hablaba del caso de los titiriteros y del Ayuntamiento de Madrid.
Así lo recogieron, con su humor habitual, en el programa de la Cadena SER, Todo por la Radio:
Durante su intervención, Taboada ha contado con el beneplácito de tener que responder a muy pocas preguntas. Un favor en el que han tenido mucho que ver la Comunidad de Madrid, que está personada en el caso, pero no ha querido hacer ninguna pregunta. Lo mismo que la Abogacía del Estado, que ha preferido callar en el interrogatorio.
El magistrado quiere recabar con esta citación, solicitada por una de las acusaciones populares personadas en la causa, la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE), su versión sobre la venta de unos terrenos situados en la localidad madrileña de Boadilla del Monte.
El entonces alcalde del municipio, Arturo González Panero, conocido como El Albondiguilla, indicó en una declaración voluntaria prestada ante el juez en diciembre que González Taboada le presionó en su etapa como responsable de territorio de la Comunidad de Madrid, para que abaratara el precio de venta de ésta parcela.
Además, De la Mata ha escuchado también en calidad de investigado al funcionario de esta localidad Antonio Miguel Reyes por presuntos delitos de corrupción por amañar presuntamente la adjudicación de varios terrenos a la trama liderada por Francisco Correa.
En concreto, el juez señaló en un auto que Antonio Miguel Reyes facilitó la adjudicación por parte de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) de Boadilla del Monte de cuatro parcelas a favor de Rústicas MBS tras emitir un informe en el que habría otorgado la mayor puntuación a esta empresa "de forma arbitraria, sin fundamentar su valoración y utilizando subcriterios que no estaban recogidos en los pliegos correspondientes". De igual modo, habría favorecido a la mercantil Teconsa en la construcción de tres equipamientos de 96, 80 y 57 viviendas, respectivamente.
No es el único problema que afronta González Taboada, pues también se le relaciona con la Gürtel y la Púnica. En concreto, en este último asunto, el PSOE, como acusación particular en el caso, pedirá que acuda a declarar, según han asegurado fuentes socialistas.
