En noviembre, cuando la campaña para las elecciones generales calentaba motores, el ministro de Hacienda y de las Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, confirmó lo que ya había insinuado Mariano Rajoy: iban a devolverles el 50% de la paga extraordinaria que les retiraron en 2012. Es verdad que el presidente, ahora en funciones, dejó caer, no sin desparpajo, que lo harían si ganaban las elecciones. El ministro no dio fecha, pero quedó en el ambiente la idea de que lo harían en el mes de enero.
Incluso La Razón vio electoralismo
La medida era tan poco sutil que incluso a un diario como La Razón, tan cercano a Moncloa, se le escapó que había intenciones electoralistas en ella: “El Gobierno de Mariano Rajoy es consciente de la importancia del colectivo de empleados públicos para ganar las elecciones generales -se leía en el diario de Marhuenda-, y las últimas decisiones a favor de los funcionarios así lo atestiguan. Con el objetivo de recalar votos entre estos casi tres millones de trabajadores, el Ministerio de Hacienda se comprometió ayer con los principales sindicatos de la función pública”.
Pero el Gobierno no ganó el 20D, o más exactamente lo hizo de aquella manera, y los funcionarios, a mediados de febrero, siguen sin ver ese 50% de la paga de 2012 que aún les ‘debía’ el Estado, y que significaría una media de 750 euros para cada uno.
Carta a Montoro
Hartos de esperar, y dudando de que la promesa vaya a cumplirse por el Gobierno en funciones, Comisiones Obreras ha remitido una carta a Montoro, ministro de Hacienda ahora en funciones, en la que le solicitan la exposición de los motivos por los que estos pagos no se han realizado y se exige su inmediata devolución.
En su nota, el sindicato ha mostrado su descontento por este “retraso injustificado” y ha asegurado que “sorprende que una vez confeccionada la nómina del mes de enero se compruebe que no existe referencia a esta recuperación a la que obliga la ley”.
Los funcionarios quieren saber por qué
Además, reclaman que en el caso de haber dificultades para realizar los pagos, desde el Gobierno les expliquen los motivos por los que “no se han incluido las cantidades referentes a la parte de la paga pendiente”, así como las medidas para superar dichos obstáculos y la fecha en la que cabe esperar que se cumpla con lo prometido.
De momento, lo único cierto es que los funcionarios siguen sin saber si se les pagará lo que se les adeuda sea en metálico o mediante aportaciones a sus planes de pensiones, como también se especuló inicialmente. Habrá que ver si finalmente el Gobierno en funciones responde a la demanda de los sindicatos de funcionarios, o pasa la ‘patata caliente’ al posible Ejecutivo entrante.
