“De cualquier manera, retrotrayéndonos al momento en que dichos documentos fueron firmados, las consecuencias económicas para el Ayuntamiento hubieran sido más desfavorables con el protocolo de 21 de mayo de 2007 que con el acuerdo de ejecución del mantenimiento del equilibrio financiero de 15 de noviembre de 2007”. Apreciación correspondiente al economista del Ayuntamiento de Toledo , Fernando Arredondo, a instancias del juez toledano, Florencio Rodríguez Ruíz, quien el pasado 29 de enero recibió tres informes de técnicos municipales, a los que ha tenido acceso ELPLURAL.COM, sobre la concesión del servicio de recogida de basuras de Toledo bajo la administración del PP a la empresa Sacyr en la primavera de 2007 y que, siempre según declaraciones en sede judicial del extesorero de los “populares”, Luis Bárcenas, buscaba una supuesta finalidad: financiar con la aportación de 200.000 euros la campaña electoral a la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha de 2007 de María Dolores Cospedal, “única operación irregular que se ha hecho aquí ”, dijo ante el exjuez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, el hombre que Mariano Rajoy nombró para llevar los dineros del PP.
Protocolo del PP y acuerdo del PSOE
El caso es que seis días antes de que se celebraran las elecciones municipales del 27 de mayo de 2007, el Ayuntamiento de Toledo, gobernado hasta ese momento por el Partido Popular, decidió firmar un protocolo con los sindicatos y Sacyr (empresa que semanas atrás había recibido la concesión de la recogida de basuras de la capital por un importe de 5.736.807,13 euros/año), lo que supuso para las arcas municipales un incremento de de 9.186,005,05 euros en los diez años que duraría esta polémica concesión por la que el PP de Cospedal recibió una importante supuesta mordida de 200.000 euros. Sin embargo, Sacyr, y los hoy imputados Luis del Rivero y Manuel Manrique, expresidente y actual dirigente de la compañía, respectivamente, no había previsto que los “populares” perdieran la alcaldía y que fueran los socialistas los que accedieran al sillón municipal. Y fue a partir de aquí cuando el alcalde del PSOE y actual presidente del Gobierno de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page, exigió a la empresa revisar la concesión y aproximar la oferta que recogía la inicial plica con el precio final acordado por PP y empresa. Al final, García-Page logró firmar un acuerdo en noviembre de 2007 por el que el consistorio se ahorraba nada más y anda menos que tres millones de euros, además de cancelar otros contratos de mantenimiento de viales por los que Sacyr se embolsaba otros 700.000 euros anuales.
Los técnicos coinciden
Todo un chollo empresarial desmontado por el socialista y avalado en cierta forma por los informes de tres técnicos municipales requeridos por el juez toledano, cuya instrucción está sometida a una “excesiva lentitud, teniendo como tiene (el juez) el campo despejado y la mordida más clara que el agua, puesto que nadie duda, ni siquiera el PP, que los 200.000 euros fueron recepcionados por el imputado gerente de Cospedal y que ahora no saben dónde están y por qué llegó esa cantidad desde Madrid, cuando Génova niega haber enviado a Castilla La Mancha la mencionada suma, que la propia secretaria general reconoció haber recibido”, aseguran a este periódico fuentes letradas personadas en el caso. En este sentido, el secretario del Ayuntamiento, Jerónimo Martínez; el jefe de obras, Juan Suardiaz, y el economista municipal, Fernando Arredondo ( llamado a declarar en abril como “perito-testigo”), coinciden en sus informes en reconocer que el protocolo firmado por el PP supuso un quebranto para las arcas municipales y que, como decimos, obran en poder del juez toledano.
“200.000 euros sin explicar”
Ante estos hechos, Emiliano García-Page se ha mostrado convencido de que "ha habido financiación irregular" en la parte del caso Bárcenas que investiga el juzgado de Toledo y ha opinado que “hay más” de 200.000 euros sobre los que el PP no ha dado explicaciones. “Estoy convencido de que se ha hecho financiación ilegal, estoy convencido de que ha habido financiación irregular", ha aseverado el presidente autonómico, quien, sin embargo, ha señalado que "no podría decir si el culpable" es el secretario regional del PP, Vicente Tirado, o la expresidenta regional María Dolores de Cospedal. A su juicio, "es evidente que no puede pararse la investigación" y, por ello, ha opinado que le "parece bien que este pleito no encalle sino que se aclare de verdad".
El PP “denunciará” a García-Page
Declaraciones del presidente socialista que han llevado al PP castellano-manchego a anunciar la presentación de una demanda “en los próximos días” porque, según la presidenta del Grupo Popular en las Cortes de Castilla La Mancha, Ana Guarinos, “García-Page miente, falta a la verdad y se dedica a calumniar, difamar e insultar”, algo que es “intolerable” y que el PP “no va a admitir ni va a consentir”. Sin embargo, fuentes “populares” han reconocido a ELPLURAL.COM que el anuncio de Guarinos “es humo y que al final se quedará en papel mojado”. De eso estamos convencidos, puesto que la denuncia anunciada nunca se presentara ya que, siempre según nuestras fuentes, “sería tirar piedras sobre nuestro tejado, y no está la situación como para hacer más tonterías”.
