Son muchos los políticos que, a veces, son más conocidos por abrir polémicas en las redes sociales con sus ‘opiniones’ que por los legados que dejarán. Este lunes, el alcalde de Alcorcón, David Pérez, ha vuelto a protagonizar uno de estos momentos.

El alcalde popular ha pasado de insinuar, o algo más, que los participantes de las manifestaciones por la dignidad necesitaban un baño y por eso les venía bien que lloviese, o de implantar una multa de 1.000 euros para aquellos que le insultaran, a asegurar que no dudará en denunciar a Manuela Carmena.

Y es que Pérez entiende que el plan contra la contaminación de la alcaldesa madrileña, que restringen el tráfico por la zona centro de la capital en caso de alerta, viola el derecho de los ‘alcorconeros’. Por ello, y sin dar rodeos, advierte de que acudirá a los juzgados si se impide la entrada al centro de Madrid de sus vecinos porque, considera, es un derecho constitucional.

Hay que recordar que cuando se aplican las medidas para luchar contra la alta contaminación que sufre Madrid, ningún conductor, sea madrileño o no, puede acceder con su vehículo a lo que se conoce como “almendra”, la zona más céntrica, y que esta medida sólo se materializa en las fases más avanzadas del protocolo.

Tal advertencia, no podía quedar sin contestación y eso es lo que ha hecho la diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, María Espinosa Llave. “¿En serio?”, ha sido toda la respuesta que en su opinión merecía. El asunto se ha encendido un poco más después de que el popular mencionase la Constitución, dejando caer que Carmena estaría violando los derechos constitucionales de los ciudadanos.


Pero la conversación ha encontrado rápidamente un final gracias al mensaje de un tercero. Mientras que el Pérez intentaba defenderse atacando a Carmena y preguntando que con qué derecho la alcaldesa se atrevía a “restringir derechos unilateralmente”, otro usuario de Twitter le ha recordado que él, hace sólo unos años, hizo algo parecido. En diciembre de 2012, el alcalde cerró el centro de Alcorcón para las autoescuelas bajo multa de 200 euros. Además, las autoescuelas que no son del municipio, solo pueden circular para hacer sus prácticas dentro de unas franjas horarias concretas y restrictivas. ¿Dónde quedan aquí los derechos de sus vecinos y del resto de madrileños?

 

Por aquel entonces, la concejal de Seguridad y Movilidad, Laura Pontes, explicaba que “la medida se adopta tras detectar que, por la proximidad del Centro de Exámenes de la JPT, la afluencia de vehículos en prácticas por las calles de Alcorcón se había ‘disparado’ (…) El objetivo de esta medida es rebajar la congestión del tráfico, ya muy sobrecargado en nuestra ciudad tanto por la circulación de vecinos como por la actividad comercial e industrial”.