“Nos levantamos una mañana con unos carteles que ponían que se alquilaban nuestras casas, en las que llevábamos de siete a nueve años. Las habían vendido a Fidere, una empresa del fondo buitre Magic Real Estate Blackstone, por una media de 62.000 euros, una cifra ridícula”. La que habla es Arancha Mejías, presidenta de la asociación de afectados por la venta de la vivienda pública de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid.

Aznar junior, vinculado a Blackstone
El 24 de julio de 2013, el Ayuntamiento dirigido por Ana Botella anunció que la EMVS había aprobado la venta de 1.860 viviendas a cambio de 125,5 millones de euros.

Según denunció la Asociación de Lucha contra la Corrupción (Corruptil), el hijo de Ana Botella y el expresidente Aznar, José María Aznar Botella, es consejero de una empresa que “está directamente relacionada” con Blackstone.

Botella dijo que lo hacía por "las políticas sociales"
El Ayuntamiento de Botella dijo entonces que la venta se hacía con el objetivo de obtener “nuevos recursos para continuar sus políticas sociales”. Además, que el nuevo propietario “se subroga en todos los derechos y deberes de los inquilinos actuales, cuyas condiciones no se verán afectadas”.

Una modificación de la ley que era una trampa
Hoy, cientos de familias, la mayoría de ellas de especial vulnerabilidad -con minusvalías, personas mayores o niños- viven todavía en la incertidumbre, sin saber qué será de sus casas ahora que las viviendas donde viven, que estaban destinadas a fines sociales, son propiedad de Blackstone.

“Siempre nos dijeron que a los diez años podíamos acceder a comprarnos los pisos. En algunos contratos esto estaba por escrito, en otros, se dijo de forma verbal”, explica Arancha Mejías.

“Cuando nos llegaron los recibos de los alquileres a nombre de Fidere fuimos a preguntar y la respuesta fue que habían hecho una modificación de la ley”, relata Arancha Mejías.

La modificación a la que se refiere es el Real Decreto 59/2013, de 18 de julio de 2013, que modificó el Reglamento de Viviendas con Protección Pública de la Comunidad de Madrid, introduciendo un cambio en el artículo 18 con respecto al decreto anterior, del año 2009. Básicamente, con el fin de que los inquilinos no pudieran ejercer su derecho de compra.

Fuentes jurídicas consultadas por ELPLURAL.COM explican que “en dicho apartado, relacionado con la Transmisión de Promoción de Viviendas con Protección Pública para arrendamiento a terceros se especifica que "las viviendas [...] podrán ser enajenadas por sus titulares por promociones completas, de manera parcial, incluso individualmente, y a precio libre [...] a un nuevo titular o titulares, siempre que sean personas jurídicas, incluyendo sociedades o fondos de inversión inmobiliaria, pudiendo retener, si así lo acuerdan, la gestión de las promociones".

62.000 euros de media
"Luego comprendimos que la EMVS no nos daría una solución y acudimos al nuevo propietario para negociar en muchos casos la posibilidad de compra. Nos dijeron que no eran ‘una ONG’, y que su intención no era vender los inmuebles, sino buscar rentabilidad a través de las rentas”, explica la presidenta de la asociación.

“El fondo compró las viviendas por importes de entre 50.000 y 70.000 euros, una media de 62.000. Unos precios ridículos. Si quieren vender esas viviendas a precio de mercado, imagínate los beneficios”, dice Arancha.

“Muchas familias hemos pagado durante años alquileres de 700 euros, que no son precisamente bajos tratándose de viviendas sociales. Si sumas, estamos hablando de 70.000 euros. ¿Por qué no podemos comprar nuestras casas a un precio razonable, que nos propongan, si el fondo siempre va a ganar?”, se pregunta la presidenta de la asociación de afectados.

Una subida del 42%
El nuevo propietario ha aplicado una “subida progresiva de un 42”, un incremento que muchas familias no han podido afrontar. “Algunos, especialmente con niños pequeños, no han querido pasar por la vergüenza de un desahucio y han tirado la toalla".

"¿Papá, por qué nos tratan como terroristas?"
"Es David contra Goliat, decían algunos”. Arancha recuerda el caso de una familia, que a pesar de obtener un aplazamiento judicial de un mes, por una descordinación, vio cómo “seis lecheras policiales se aparecieron por sorpresa en su casa para echarles, y la hija adolescente preguntaba: ‘Papá, por qué nos tratan como si fuéramos terroristas?’.”

Las personas que hay detrás de la tragedia
“Hay casos sangrantes, familias con miembros con minusvalías. Tengo un vecino con un 90% de discapacidad, al que le adjudicaron una casa adaptada. Lo mismo que con otro vecino con un tratamiento de hemodiálisis. Hay personas mayores, que ahora tienen unos 80 y tantos años. Una señora que ha limpiado toda la vida... vivían en una casa sin baño. Está el caso de una mujer diabética con 50 años, que le tiraron su casa porque querían el terreno y la realojaron, y, también, el de dos vecinas reivindicativas, a las que se les venció el contrato y no quisieron renovarles; una de ellas, con dos niños. ¿A dónde van estas personas ahora? Mejor que, en muchas situaciones, hubieran venido y nos hubieran dado un tiro en la cabeza”, afirma esta joven de 28 años, que no se da por vencida.

“Yo vivía en una portería. Mis padres dormían en un sofá cama y yo en una cama con mi hermana, en una casa de 40 metros cuadrados, sin ventanas, como un zulo. El día que nos llamaron, después de hacer colas y colas porque te piden documentos de todo tipo… fue como si nos hubiese tocado la lotería. Nos vimos en un piso normal, mis padres por fin podían dormir en una cama y tener intimidad. Lo hemos hablado… la mayoría de los vecinos lo vivimos de la misma manera”.

“He vivido con mi familia 10 años en nuestra casa. Mi madre ha pasado su enfermedad allí, tuvo cáncer, tiene sus médicos cerca, hemos hecho nuestra vida en el barrio. Ahora nos tenemos que ir de nuestras casas, porque la han vendido a un precio ridículo. En Madrid, España, un país de la Unión Europea”.

“Cuando dieron las llaves, pusieron unos árboles muy bonitos y algunos cargos públicos vinieron a hacer la foto. La familia a la que eligieron para la foto la desahuciaron, y entonces no vino ninguno de aquellos políticos”, narra Arancha.

La querella no prosperó
En 2014, el Partido Socialista de Madrid, con Tomás Gómez a la cabeza, presentó un recurso judicial contra la venta a Blackstone de las 1.860 viviendas por 125,5 millones de euros, además de 51 garajes, 25 locales y dos trasteros, por tres millones de euros más. Una querella en la que se personaron los vecinos como acusación.

La querella fue sobreseída y la asociación recurrió ante la Audiencia Provincial, una iniciativa que tampoco prosperó, a diferencia del recurso presentado en otro caso similar, las viviendas del IVIMA vendidas a otro fondo buitre, que se sigue en un Juzgado de Madrid.

“El caso del IVIMA sigue adelante y el nuestro no, no lo entendemos”, afirma Arancha Mejías, que ha pedido ayuda al Ayuntamiento de Manuela Carmena, aunque todavía éste no da una solución a los afectados.

Los carriles bici están muy bien, pero... y ¿los problemas sociales?
“El cambio de gobierno nos dio esperanzas. Ya llevan varios meses en el Ayuntamiento. Anuncian carriles para bicis y esas cosas… que están muy bien, pero lo que esperamos es que den respuesta a los problemas sociales de la gente”, dice Arancha.

ELPLURAL.COM se ha puesto en contacto en varias ocasiones con el Ayuntamiento de Madrid para recabar datos sobre su actuación en este caso, pero hasta el momento de la publicación de esta entrevista, este diario no ha obtenido ninguna respuesta al respecto.