Política

Una historia sobre ‘señoritos’, montería en cotos y Guardia civil en el siglo XXI... que parece sacada del siglo XIX

El sindicato Unión GC, del Cuerpo Armado, denuncia un caso que parece sacado de la España negra que no acaba de morir

F. Medina
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Mié, 18 Nov 2015

Agente del Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil - Twitter @guardiacivil



Los ingredientes de la historia parecen sacados de otro tiempo. Un coto de caza. ‘Gente importante’ y guardias civiles amenazados con represalias por sus superiores por hacer cumplir la ley. Al menos es el contenido de la denuncia que ha presentado este miércoles la Unión de Guardias Civiles (Unión GC) ante la Zona de la Guardia Civil en Andalucía, con sede en Sevilla.

Empleo ilegal de rifles
Vamos a los hechos. El pasado día 21 de octubre de 2014 (no lo han denunciado antes, nos dicen fuentes del sindicato porque han querido confirmar los hechos con la documentación que han facilitado a las autoridades y que han compartido con este periódico) en un coto de caza de Huelva, llamado “Las Encantadas”, se organizó una cacería.

Cuando iba a comenzar, se presentaron en el coto varios agentes del SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza) destinados en la provincia, para comprobar que la cacería cumplía los requisitos precisos, muy especialmente las medidas de seguridad. Y de inmediato comprobaron que no era así: La seguridad de los cazadores corría peligro. La distancia entre los puestos de caza era demasiado corta para el uso de “armas largas rayadas”, rifles, que era lo que portaban los cazadores.

Veladas amenzas a los agentes
Los Guardias advirtieron de la infracción y especificaron que si no se separaban más los puestos, no podían utilizarse más que escopetas, al ser armas de menor alcance. Los responsables de la montería se negaron en un principio a aceptar las recomendaciones de los Guardias Civiles, ya que separar los puestos conllevaba menos negocio para los organizadores, porque podían participar menos cazadores.

Comenzó entonces un tira y afloja dialéctico en el que, dicen en UGC, se produjeron “veladas amenazas” que no hicieron cambiar de opinión a los agentes: su informe de seguridad sería negativo, aunque no paralizaban la cacería. El problema para los organizadores era que este informe negativo tendría consecuencias en el seguro en caso de cualquier accidente, por lo que al final, a regañadientes, la cacería tuvo que suspenderse.

"Una Guardia Civil que desgraciadamente está cambiando"
Hasta aquí un incidente que podría calificarse de ‘normal’. Pero a partir de ese momento, los hechos parecen sacados de otro tiempo. Se inició, denuncian en la UGC, una campaña contra los agentes, que incluyó alguna información en periódicos locales y, sobre todo, una campaña de cartas “desde la dirección de la Asociación Empresarial de Criadores y Titulares de Cotos de Caza de Andalucía (ATECA) al General Jefe de la Zona de la Guardia Civil en Andalucía e incluso al ministro del Interior relatando hechos que intencionadamente inciertos tanto en su forma como en su contenido”.

En uno de los escritos, denuncian a ELPLURAL.COM, “llegaba a decirse que la Guardia Civil ya no es lo que era y que desgraciadamente estaba cambiando”. Algo que, nos dice un portavoz de UGC, “entendemos como afortunado, porque lo que antes se vivía era una situación de abuso por parte de quienes tenían una posición social que colocaba a la élite social por encima de la ley”.

Un topo en la Guardia Civil
Pero lo que ha llevado a la Unión GC a denunciar los hechos ante la dirección de Zona de la Guardia Civil ha sido lo que consideran el colmo: denuncian “una supuesta revelación de efectuada por parte de un oficial superior de la Guardia Civil que, según consta en uno de los escritos presentado por el presidente de ATECA, avisó al organizador de la montería”. En concreto, dice UGC, en el escrito se señala que quien realizó la llamada fue un teniente coronel (del que dan el nombre), “invitado también al evento cinegético”. Algo que, nos dicen, “podría constituir una falta muy grave tipificada en el Régimen Disciplinario de la Guardia Civil”, ya que perjudica el desarrollo de la labor policial de los agentes.

Incluso van más allá y argumentan que podría “ser constitutivo de un ilícito penal”, en concreto se refieren al artículo 417.1 del Código Penal, que recoge la supuesta revelación de secretos cometido por un funcionario público al tratarse de información “de la que disponía por razón de su cargo y que no podía divulgar bajo ningún concepto”.

La Unión GC se dispone, independientemente del recorrido interno que tenga su demanda dentro del Cuerpo, a emprender acciones legales incluyendo la aportación a la fiscalía de la documentación con la que se han hecho a lo largo de estos meses de investigación.