La asamblea del 15M/Marea Granate Bruselas defendió este jueves ante el Parlamento Europeo una queja oficial contra las expulsiones de ciudadanos comunitarios presentada en abril de 2014. Ante una sala medio vacía y con la presencia tardía de la representante de la Comisión, el colectivo pidió la libre circulación de las personas y el respeto a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La representante de la Marea, Sara Lafuente, denunció ante la Comisión de Peticiones que la directiva comunitaria 2004/38 sobre libre circulación vulnera dos derechos fundamentales: el principio de igualdad ante la ley y la discriminación por razón de nacionalidad.

Este colectivo español exigió directamente a la Comisión Europea, como se recoge en la petición ante la Comisión de la Eurocámara,  un cambio legislativo para “que se retire la exigencia de recursos suficientes, de seguro de salud con cobertura suficiente y toda referencia a «ser una carga para la asistencia social”, de la citada directiva para que la norma comunitaria garantice “el derecho efectivo a la libre circulación y residencia de todas las personas con ciudadanía europea independientemente de su condición económica”.

4.000 expulsiones en Bélgica
Poniendo como ejemplo a Bélgica, país donde se encuentra las sedes de todos los organismos europeos, solo en 2013, este país expulsó a 2.700 residentes comunitarios, llegando a 4.000 en 2014. Además se insistió ante los representantes de la Comisión que, en términos legales, las expulsiones que está llevando a cabo el gobierno belga van más allá de lo que la propia normativa comunitaria permite debido a que la protección de los datos personales de los ciudadanos está siendo vulnerada. Lafuente explicó que las autoridades belgas están intercambiando datos entre los CPAS (organismos municipales encargado de las ayudas sociales) para solicitar una ayuda social, con los del Office des Étrangers (la oficina de extranjería del Ministerio del Interior), sin consentimiento de los interesados, lo que a efectos prácticos supone un control de ciudadanos dependiendo de su nacionalidad, lo que vulnera la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

 

Respuesta de la Comisión Europea
La Comisión Europea se defendió explicando que desde el año pasado se encuentran en negociaciones con el Gobierno belga para examinar el procedimiento administrativo de expulsión y denegación de registro, y para revisar si se hace respetando la Carta de Derechos Fundamentales.

Así mismo, desde el Ejecutivo comunitario quiere esperar a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre una cuestión prejudicial planteada sobre si el derecho a una buena administración compromete también a las administraciones nacionales, antes de tomar medidas. El problema es que esta sentencia puede tardar varios años por lo que la Comisión anunció que la Comisión de Peticiones y la de Libertades de la Eurocámara están trabajando en un informe sobre la libertad de circulación en la Unión Europea, en la que se estudiarán casos concretos.

Los eurodiputados españoles, ausentes
Desde la Marea Granate Bruselas han lamentado que en su comparecencia en el Parlamento Europeo solo estuviese presente una eurodiputada española, Ángela Vallina de Izquierda Unida, señalando que hay otros diez eurodiputados españoles miembros y sustitutos en la Comisión de Peticiones. La Eurodiputada se comprometió ante los comparecientes a formular una pregunta oral en el pleno del Parlamento Europeo al Comisario encargado de estos temas.