El aeropuerto de Ciudad Real. IMAGEN CEDIDA POR EL DIARIO LANZA

 

 


Si el gran Paco Ibáñez cogiera el culebrón del aeropuerto de Ciudad Real, Mortadelo y Filemón no darían a basto. El comic sobre Bárcenas y el que hoy ha salido a la venta sobre el partido político creado por estos dos incautos agentes secretos de la T.I.A., se quedaría a la altura del betún comparado con lo que el historietista barcelonés podría crear con este intrigante caso de “altos vuelos”, que a tenor de las últimas noticias está condenado a hacer bueno a su homólogo castellonense, nacido y creado por un tal Fabra para que los ciudadanos pudieran “pasear por sus pistas”, dijo el hoy presidiario y exlíder del PP valenciano. En honor a la verdad, hay que decir que la plataforma aeroportuaria de La Plana ha recuperado su función y más quisiera el de Ciudad Real contar con las operaciones  que tiene el de Castellón y no conformarse como simple plató “almodovariano” de la última película del realizar manchego “Los amantes pasajeros”.

Chinos, mercenarios y murcianos
El caso es que el aeropuerto de Ciudad Real se construyó cuando no debía construirse, comenzó a operar cuando por el cielo plomizo de la crisis no volaban ni las gaviotas de Duncan Dhu, y cuando años antes José María Aznar decidió ampliar Barajas y construir la T4. El aeropuerto, que incluso quiso llamarse “Madrid Sur” y acabó denominándose “Don Quijote” (como no podía ser de otra forma), nació condenado al fracaso a pesar de los 500 millones de euros que costó que Air Nostrum, Ryanair, o los príncipes Guillermo y Harry aterrizaran en tierras manchegas, unos para transportar a algunos pasajeros, otros para que los hijos de Carlos y Diana dispararan a tutiplén contra los ciervos de la finca ciudadrealeña del duque de Westminster, Lord Gerald Cavendish. El caso es que la plataforma aeroportuaria entró en concurso de acreedores y chinos, mercenarios y murcianos pujaron en subasta pública para hacerse con su propiedad.

De los 10.000 euros a 125 millones
Así las cosas, el pasado verano un grupo chino compraba en subasta pública el aeropuerto de Ciudad Real (y no es broma) por 10.000 euros, adjudicación que podría quedar anulada si alguien ofreciera 28 millones de euros. Dicho y hecho. Semanas después, ocho ofertas se presentaban ante la autoridad judicial y concursal. A saber: Michael Aubrey Flacks, que ofrecía 200.000 euros; Grupo Orden Doce, 38 millones; ECA Program Group PLC, 80 millones; International Auction Group, 1,5 millones; Christian Martínez, 42 millones; Diamond Inversiones en Infraestructuras SL, 28,5 millones; Richard Taffin de Givenchy AG, 125 millones y, por último, Troy Matthews, of the Company, TM, que no especificaba cantidad alguna.
El nuevo juez entra en escena
Y cuando todo parecía entrar en la recta de la cordura; y cuando el culebrón apuntaba a su fin y los murcianos Grupo Orden, con su oferta de 38 millones parecían los aparentes nuevos dueños del aeropuerto, ¡zas!, llega un nuevo titular al Juzgado de lo Mercantil de Ciudad Real y pone en duda la legalidad del proceso por el que los administradores concursales dividieron en dos lotes la infraestructura para su subasta, uno referente a la terminal y pistas y un segundo los terrenos industriales adyacentes, de los que sólo salieron a subasta los primeros. Pues bien, el juez quiere saber, y da un plazo de dos días a los agentes concursales, si éstos obtuvieron “la autorización administrativa preceptiva y previa” del Ministerio de Fomento, de la Agencia Española de Seguridad Aérea, de la Junta de Comunidades y de los tres ayuntamientos (Ciudad Real, Villar del Pozo y Ballesteros de Calatrava) que intervinieron en la elaboración del Plan Director del Aeropuerto y del Proyecto de Singular Interés. Además, les requiere a comunicar si obtuvieron previamente a la elaboración del plan de liquidación o antes del dictado del auto que lo aprueba la preceptiva autorización administrativa para irrogarse la facultad de dividir la unidad productiva unitaria, así como todas las menciones contenidas en el plan de liquidación  que de forma directa desplieguen esas facultades a favor de la administración concursal. Esto no ha hecho nada más que empezar de nuevo. Y van cuatro años sin parar.