“A Dolores le han echado mal de ojo”. Con esta expresiva declaración, un destacado líder del PP castellano-manchego se refería en declaraciones a ELPLURAL.COM al nuevo frente judicial abierto en el Juzgado Nº 3 de Toledo que ha decidido investigar, abrir diligencias, para aclarar la supuesta mordida de 200.000 euros que la empresa Sufi, filial de Sacyr, entregó al PP de Castilla La Mancha para financiar la campaña electoral de María Dolores Cospedal en 2007, tras la inhibición del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que, estando dirigido por el juez Pablo Ruz, advirtió en su escrito indicios de delito, que el juez toledano Florencio Rodríguez Ruiz avala y amplia, al precisar que “los hechos que resultan de las anteriores actuaciones (Audiencia Nacional) presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de prevaricación administrativa y cohecho, cuya instrucción corresponde a este órgano judicial”, recoge el auto al que ha tenido acceso este periódico ()
Con el juez Rodríguez llegó el cohecho
El “ataque de nervios” de Cospedal comenzó el pasado 1 de septiembre cuando el juez Rodríguez Ruiz decidió incoar diligencias previas a partir de la instrucción llevada a cabo durante años por el juez Pablo Ruz, apreciando un supuesto nuevo delito de cohecho que su colega de la Audiencia Nacional no había referenciado, o lo que es lo mismo, el juez toledano aprecia indicios delictivos sobre la aceptación de una posible dádiva a cambio de entregar a Sacyr la recogida de basuras de la capital de Toledo, estando gobernada por aquel entonces por el Partido Popular. Hecho que llevó a la defensa de Luis del Rivero a recurrir el auto del magistrado por entender que Ruz sólo había calificado una presunta “prevaricación administrativa”, y nunca de “cohecho”, por lo que entienden “que no resulta conforme a Derecho variar la calificación judicial” realizada por Ruz y añadir a la prevaricación “la calificación jurídica de cohecho” ().
El peleón Boye entra en escena
La defensa de Luis del Rivero, algo que no ha hecho su otrora amigo e imputado también y actual presidente de Sacyr, Manuel Manrique, se encontró en su camino con la Asociación Observatori de Drets Humans que lidera el combativo Gonzalo Boye, que actúa de abogado de la acusación particular, al mismo tiempo que también está personado en distintos casos de corrupción como el caso Gürtel y Bárcenas. Boye, editor de la revista satírica “Mongolia”, recurrió las alegaciones de los abogados de Rivero y el juez toledano no sólo admitió su recurso, sino que también le abrió las puertas para que ejerciera la acusación particular ().
¿En busca de los aforados?
Así las cosas, el juez Florencio Rodríguez ha recogido el guante lanzado por su colega Pablo Ruz, añadiendo, como decimos, un presunto delito de cohecho, por lo que ahora puede abrir otras puertas que le pueden llevar a investigar si “hay suficientes indicios de responsabilidad de personas que, habiendo aparecido identificadas en el curso de la investigación, pudiera, por su aforamiento, motivar una ulterior inhibición a favor del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha”, dijo Ruz refiriéndose, aunque sin mencionarlos, a la presidenta y al secretario general del PP castellano-manchego, María Dolores Cospedal y Vicente Tirado, respectivamente, ambos, hoy por hoy, aforados por su condición de diputados regionales “populares” por Toledo.
Cinco imputados, tres del PP
Sea como sea, el caso es que el juez Rodríguez Ruiz tiene sobre su mesa un listado completo de imputados en la supuesta mordida de los 200.000 euros entregados por Sacyr al PP de Cospedal, siempre según declaraciones en sede judicial del extesorero Luis Bárcenas, que llegó incluso a descartar que las donaciones de la caja b del PP, apuntadas por su puño y letra en los famosos “papeles de Bárcenas”, tuvieran un fin finalista (concesiones administrativas a cambio de las donaciones), salvo en Toledo: “La única operación irregular que se ha hecho aquí es la de María Dolores en Castilla La Mancha”, reconoció ante el extitular del Juzgado Nº 5 de la Audiencia Nacional, que decidió imputar al gerente del PP regional y actual responsable de los dineros, José Ángel Cañas; al vicealcalde de aquel entonces, Lamberto Pineda, así como el exalcalde “popular” de Toledo José Manuel Molina, además de al expresidente de Sacyr, Luis del Rivero y a su sucesor en el cargo, Manuel Manrique.
