Ana Botella y su hijo, José María Aznar Botella, en la boda de El Escorial entre Ana Aznar y Alejandro Agag.



Podemos ha solicitado que el hijo del expresidente del gobierno José María Aznar, y de la exalcaldesa del Ayuntamiento, Ana Botella, comparezca en la Asamblea Regional de Madrid dentro de la Comisión de Investigación constituida para clarificar la venta de las viviendas sociales a fondos buitre norteamericanos. Concretamente solicitan la comparecencia de José María Aznar Botella por su posible relación con el fondo Blackstone.

A precio de saldo
El hijo de Aznar es consejero de Gesnova Gestión Inmobiliaria Integral, con "importantes vínculos" con empresas del fondo Blackstone, que participaron en la operación de compra de 1.890 viviendas públicas de Madrid. Además de esta comparecencia, y al igual que todos los grupos de la oposición, reclaman la comparecencia del expresidente autonómico Ignacio González y del exconsejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, Pablo Cavero.

Otras presencias solicitadas son las de Fernando Gumuzio Íñiguez de Onzoño, presidente de Encasa Cibeles S.L, "adquiriente formal de los inmuebles vendidos"; y de Eloy Domínguez, presidente de AZORA Gestión, "sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva SA en el momento de la tramitación del expediente administrativo de la subasta". Así mismo  exigen las explicaciones de tres exdirectores gerentes del IVIMA: Ana Gomendio, "directora gerente del IVIMA que formalizó la venta", Juan Van-Halen Rodríguez y José Antonio Martínez Páramo; así como la de Luis Miguel Triguero, administrador único de Lavisier Investments SL.

Denuncia ciudadana
Los inquilinos de los pisos del IVIMA denunciaron desde el primer momento que la Comunidad de Madrid nunca les dio la opción de comprar los pisos en los que vivían, denunciaron también que los fondos buitre adquirieron los pisos a un precio medio de 70.000 euros por vivienda, mientras los que podía comprar ofrecían 100.000 euros o más. Un grupo de inquilinos se constituyó en colectivo de afectados y han demandado a la Comunidad de Madrid.

Podemos ha solicitado la comparecencia de los abogados que llevan el caso, Miguel Ángel Muga y a Raúl Maillo. Concretamente es una querella penal por prevaricación y malversación de fondos públicos contra los responsables de la venta de las viviendas del IVIMA; así como de Felipe Alonso Prieto, abogado del contencioso-administrativo por la venta de las viviendas del IVIMA a Azora-Goldman Sachs, y la abogada Alejandra Jacinto.

Por último piden la presencia de Sonia Martínez Aguilar, afectada y presidenta de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA y de la presidenta de la Asociación de Lucha contra la corrupción 'Corruptil', Lara Carrasco-Muñoz.