Desde Castilla-La Mancha, ha recordado este miércoles el presidente socialista Emiliano García-Page, “hemos innovado en muchos debates en España, desde los malos tratos hasta diversas batallas en materia de igualdad”. Luchas contra la injusticia que el líder del PSOE quiere llevar más allá con la Ley Social de la Vivienda que su Gobierno aprobará en 2016, y que, según sus apreciaciones, “va a abrir una brecha en el debate social” al reflexionar sobre aspectos importantes como el conocimiento previo, por parte de la Administración de Castilla-La Mancha, de cualquier posibilidad de desahucio, o la obligación para que en toda planificación urbanística, la distinta tipología de las viviendas se generalice por todos los barrios, “con el objetivo de evitar estancar a la gente en función de la renta”, ha puntualizado. O lo que es lo mismo, si la madrileña calle Salamanca estuviera en Toledo, el elitismo, el gueto inmobiliario de los ricos, donde se encuentra la nueva adquisición residencial de 246 metros cuadrados de María Dolores Cospedal, tendría que compartir barrio y aceras con los pobres de solemnidad, ya que en esa zona, de estar localizada en tierras de Don Quijote, también se construirían viviendas de protección social o destinadas a personas que no pueden pagar su derecho constitucional a tener una casa.
Los desahuciados ya tienen dónde llamar
Pero antes de que esto ocurra, antes de que llegue 2016, Emiliano García-Page se adelanta a los propósitos de enmienda, y desde ya ha firmado un acuerdo para la puesta en funcionamiento de la Oficina del Programa de Asistencia, Asesoramiento e Intermediación Hipotecaria con los decanos de los Colegios Oficiales de Abogados y del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de la Comunidad Autónoma castellano-manchego, asegurando que quienes se acerquen a cualquiera de las seis oficinas con las que ya cuentan los castellano-manchegos “van a encontrar una solución personalizada aportada por todos, por la Administración regional, por los abogados de la región y por los trabajadores sociales”. La iniciativa, que como decimos ha entrado ya en vigor, está destinada “a quien realmente no tiene cómo pagar su vivienda”, ha añadido el presidente, “va a ser muy útil porque pone un rostro humano y eficaz” al problema de los desahucios sociales, un drama que afecta a un colectivo (600 personas) “que ojalá sea pequeño en Castilla-La Mancha”, pero que preocuparía igualmente a este Ejecutivo autonómico “aunque sólo se tratase de una, dos o cinco familias”, ha apostillado García-Page.
Un derecho constitucional de verdad
García-Page, que desde el minuto uno está cumpliendo con su programa electoral y dándole la vuelta a las políticas neocon de recortes llevadas a cabo por la expresidenta María Dolores Cospedal, con la consiguiente crítica del PP, que le acusa de “destruir”el erial dejado por su antecesora, se ha comprometido a objetivar los derechos que hasta ahora eran considerados de “segundo grado o segunda división” en la Constitución como el derecho a la salud, a una vivienda digna, al empleo o a la educación, “y que la crisis ha dejado claro que tienen que ser de primer grado”. Una apuesta clara y decidida de la que Pedro Sánchez está interesado en incorporar a su programa electoral, según fuentes socialistas, ya que se trata de un intento “real y no demagógico” de aplicar el artículo 47 de la Constitución Española que recoge: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada (…)”.
Guerra abierta contra los especuladores
Iniciativas aplaudidas por el presidente del Colegio de Trabajadores Sociales, Javier Sánchez y por el decano del Colegio de Abogados de Toledo, José Sánchez, que ha hablado en representación de los seis colegios firmantes, quien ha concretado que es “esencial asesorar en derechos a gente que se encuentra en absoluta indefensión” por lo que ha dicho “confiar en la utilidad de este convenio”, al que ha asegurado que los colegios de abogados se agregan “no por interés económico, sino por interés social”. A todos ellos, Emiliano García-Page les ha dicho que su Gobierno está dispuesto a parar los pies a los especuladores de viviendas. En ellos se ha fijado el presidente castellano-manchego, que ha anunciado la posibilidad de gravar fiscalmente a quien acumule vivienda o especule con viviendas vacías. "No me refiero a los propietarios de dos o tres viviendas, sino al hecho de que miles de viviendas se acumulan en pocas manos y no se saquen al mercado, salvo que el banco sea malo, esperando a que suba el precio mientras hay gente que no tiene casa”, para seguidamente abogar por establecer una fiscalidad muy diferente entre lo que es la primera, la segunda y la tercera vivienda. “Ese es un argumento que no abordaremos aquí porque es de legislación del Estado”, ha precisado.
