La adquisición por parte del Ministerio de Defensa de cuatro drones Reaper a Estados Unidos supondrá una compra con muchos ceros y más incógnitas. En parte, porque la noticia no salió del Gobierno español, sino que la adelantó la Agencia de Cooperación en Seguridad del Departamento de Defensa (DSCA) de EEUU, en medio del debate sobre los presupuestos fantasiosos que el Gobierno ha presentado y que la Comisión Europea no termina de creerse. Las dudas llegarán ahora hasta la propia Comisión, después de que la eurodiputada socialista Elena Valenciano haya registrado para que se aclaren los puntos más turbios.
Una de las principales dudas, que Valenciano ha trasladado a la Comisión, se refiere al gasto real que supondrá para las arcas españolas, que se sitúa "entre 220 y 270 millones de euros". Un dispendio que afectará al próximo gobierno que salga de las urnas, pues "la partida del presupuesto español prevista para la compra de este tipo de material quedará comprometida hasta 2020". Y, para colmo, "aún así no se cubrirá el costo total".
Porque otra de las principales incógnitas está en si el gasto se quedará ahí o hará falta invertir más, dado que los drones se han vendido, en principio, para realizar labores de seguimiento y vigilancia. Pero lo cierto es que, añadiendo más coste, este modelo se puede artillar sencillamente, ya que vienen preparados para cargar más de una tonelada de explosivo y cuentan con anclajes para misiles Hellfire, bombas GBU-12 y cohetes Stinger.
Y es ahí donde quiere incidir la diputada Valenciano, según ha explicado a este diario, porque existen serias dudas sobre "con qué motivo o fin compra ahora el Gobierno estos drones". Unas armas, según subraya la socialista, con las que "no hay rendición de cuentas", ya que suelen usarse en conflictos donde no hay una declaración de guerra oficial, "como ha ocurrido en Yemen". "Ya son muchas las acciones de drones que acaban con muertos y luego se van y no pasa nada", señala la eurodiputada.
Además, en su pregunta a la Comisión, Valenciano señala que "la compra de estas naves (...) puede haber supuesto un sobrecoste del 30% sobre la oferta competidora", en alusión al modelo Heron TP de Israel, que era la alternativa que barajaba el Gobierno. Algo que lleva a la diputada a dudar de "la prevalencia de intereses particulares en esta compra".
Porque hay que tener en cuenta el pasado empresarial del ministro Pedro Morenés en la industria armamentística, que tantos conflictos ha generado. De hecho, a principios de octubre, Morenés fue sustituido por Cristóbal Montoro en la aprobación de los contratos de las futuras fragatas F-110, que costarán 135 millones de euros, por sus intereses en la adquisición.
Ahora, tras la pregunta de Valenciano, será la Comisión Europea la que tenga que responder sobre "el coste definitivo de esta operación", sobre si se han "respetado las normas aplicables para las compras públicas" y, lo que más dolerá al Gobierno, "cómo afecta esta compra al cumplimiento por España de los objetivos de déficit presupuestario".
