[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"22222","attributes":{"class":"media-image size-full wp-image-285249","typeof":"foaf:Image","style":"","width":"640","height":"290","alt":"(De izq a dcha) Fotograf\u00edas de archivo de los exministros espa\u00f1oles Jos\u00e9 Utrera Molina, Rodolfo Mart\u00edn Villa y Fernando Su\u00e1rez. La secci\u00f3n argentina de Interpol solicit\u00f3 hoy a Madrid la detenci\u00f3n preventiva con fines de extradici\u00f3n de los \u00faltimos 20 acusados por la justicia argentina en la causa por los cr\u00edmenes del franquismo. EFE\/Archivo"}}]] (De izq a dcha) Fotografías de archivo de los exministros españoles José Utrera Molina, Rodolfo Martín Villa y Fernando Suárez. La sección argentina de Interpol solicitó hoy a Madrid la detención preventiva con fines de extradición de los últimos 20 acusados por la justicia argentina en la causa por los crímenes del franquismo. EFE/Archivo

 

 


Con el habitual disgusto del Partido Popular, sin esperanza alguna de que el tema saliera adelante,  pero sí con la intención de que no quede en el olvido, un grupo de diputados planteaba hoy en el Congreso la necesidad de juzgar o extraditar a Martín Villa, a Utrera Molina, a altos cargos, policías y funcionarios de la dictadura. Sabino Cuadra, de Amaiur, una de las formaciones que ha impulsado la propuesta a debate comentaba a ELPLURAL.COM que “se trata de tomar un punto de partida cara al futuro”. Confiando, pues en que cambien las tornas.

¿Juzgarlos o extraditarlos? Esa era la cuestión que la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados debatía este martes en una proposición no de ley () que ponía sobre la mesa la postura de sus señorías sobre qué hacer con la petición de la jueza argentina María Servini de Cubría. Un asunto al que se han sumado todos los grupos excepto el PP -el grupo mixto, IU, PSOE, CiU y PNV- que pone nervioso al Ejecutivo que preside Rajoy sobre todo cuando alguno de los protagonistas tiene tanta cercanía como Utrera Molina, suegro del extitular de Justicia Alberto Ruiz Gallardón.

17 altos cargos y funcionarios
La magistrada detecta responsabilidad en17 cargos del régimen de Franco entre los que se encuentran los exministros Martin Villa, José Utrera Molina, Fernando Suárez o policías con terrible fama de torturadores como el apodado Billy el Niño.

“Ya sabemos que dice el PP”
La disolución de las Cortes el próximo día 26 de octubre ante la convocatoria de elecciones generales, hace que cualquier iniciativa que se plantee quede solo en el capítulo de buenas intenciones. En este caso, además, la proposición de ley no tenía visos de aprobarse. “El PP ya sabemos lo que va a decir, y tiene mayoría absoluta”, comentaba Sabino Cuadra minutos antes de que se reuniera la Comisión.

Impulso de cara al futuro
Para el parlamentario de Amaiur aun así, se trataba de una acción positiva, para que el tema de la querella argentina y la responsabilidad del franquismo continúe presente y se pueda impulsar de cara al futuro. “El esfuerzo ha valido la pena –explicó- Solo hay que ver como estaban las posiciones iniciales y como estamos ahora”.

El Consejo de Ministros se negó
Hasta ahora, el Consejo de Ministros se ha negado por considerar que los hechos ya habían prescrito no siendo en aquel tiempo delito, algunas de las infracciones penales que hoy se apuntan.  La justicia española ha dejado correr la petición de extradición  de la jueza que en su juzgado de Buenos Aires instruye el proceso de los crímenes del franquismo.

Asesinatos, tortura, robo de bebés…
Una causa iniciada tras admitir a trámite las querellas y denuncias de ciudadanos que reclaman la desaparición de familiares, el asesinato de personas, los malos tratos infligidos, la prisión indiscriminada, el robo de bebés..

Juzgar o extraditar
La proposición no de ley planteaba estas dos opciones para ministros y funcionarios: juzgarlos en España o extraditarlos a Argentina. Así se cumpliría lo que la justicia indica en estos casos. Izquierda Plural, Amaiur, Compromís, BNG, ERC y Geroa Bai firmaban esta propuesta. PSOE por su parte presentaba una enmienda. En las discusiones previas con la coordinadora CEAQUA que impulsa la querella argentina, hubo discrepancias sobre cómo afrontar el  tema.

Lo que dice la ONU
En su propuesta no de Ley, los diputados recordaban que el Estado no puede proteger a aquellos sospechosos de haber cometido delitos internacionales, refería la resolución de la ONU sobre imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y la obligación de enjuiciar a las personas sobre las que existen pruebas de haberlos cometido. Un deber también apuntado por el relator especial de la ONU para desapariciones forzadas.