Es el colectivo de jueces uno de los más herméticos, con sus integrantes poco dados a opinar sobre según qué cosas. En contadas ocasiones, la ciudadanía tiene constancia de las dificultades por las que pasan en el desempeño de sus funciones. De ahí que el documento al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM se convierta en una interesante herramienta de análisis del colectivo.
Se trata de la grabación de la declaración prestada por Xavier Susan Mir, director de Servicios Cofely e imputado en el marco de la Operación Púnica. Quien le pregunta es el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco. Este le interroga sobre sus funciones en la compañía y el funcionamiento de esta, así como de la posibilidad de haber recibido "presiones" para generar compras que a su vez sirviesen para "pagar comisiones", algo que niega el declarante.
Mantenimiento de Génova
En otra parte de la declaración grabada pregunta el magistrado sobre si participó "en reuniones con partidos políticos" con el tema de la eficiencia energética sobre la mesa. Incluso habla de una presunta presencia del interrogado en la sede del PP en la calle Génova, que recibe otra negativa como contestación, aunque reconoce que Cofely llevaba el mantenimiento de la sede 'popular' hasta octubre.
https://soundcloud.com/elplural-com/xavier-susan-mir
En un momento determinado, y tras hablar del papel del departamento jurídico en cuanto a las contrataciones, el juez menciona la empresa Aruba Gestión. Cuando Xavier Susan Mir va a contestar se percibe en la grabación la voz de su abogado aconsejándole que no lo haga.
"Más tiempo a la ETA"
Es en ese momento, cuando el interrogado confirma que "siguiendo el consejo de mi abogado" se acoge a su derecho a no declarar y el juez lanza un alegato de queja contra la situación en la que se encuentra la magistratura. "Pues hala. Ya llevo ciento y pico declaraciones. Cuantas menos declaraciones, más tiempo que le dedico a la ETA y a otras cosas que tengo por ahí pendientes".
La "gracia" del ministro
En lo que parece ser una conversación que mantiene con el abogado de la persona a la que acaba de tomar declaración, Velasco dice: "No se crea que la gracia del ministro de 'hay que hacer los sumarios en 6 meses y hay que acabar con la gripe en un día', pero la gripe a veces tarda tres. Es decir, o dan ustedes medios o nos tiramos aquí eternamente".
"No soy Speedy González"
El juez, tras esas quejas, asegura a su interlocutor no sentirse "culpable, de verdad, por mucha que sea la presión. Al revés, yo creo que si alguien supiera el contexto de trabajo que yo tengo, creerían ustedes que soy Billy el Rápido o Speedy González", para añadir que "no llevamos solo el asunto Púnica, que ya va por ciento y pico de declaraciones, sino que tantísimas cosas a la vez... Y lo malo es que ahora estoy pensando en peras y a los tres minutos te llaman de guindas y a los cinco minutos tienes que hablar de pescado, y es difícil"
Quejas justificadas
No está el colectivo de jueces muy contento que digamos con el Gobierno, a propósito de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre la que han opinado esta semana distintas agrupaciones de magistrados. Critican la normativa porque va a dar como resultado "la impunidad de hechos delictivos que debieran ser castigados". A modo de resumen, no son partidarios de la aplicación de la ley hasta que no haya "medios personales, materiales e informáticos que posibiliten el cumplimiento de la norma".
Las quejas las han hecho públicas a través de un documento firmado por los colectivos Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente, por lo que respecta a la judicatura, y la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, en cuanto a los representantes del ministerio Público.
Una de las mayores controversias tiene que ver, tal y como se queja Eloy Velasco en la grabación citada, con el plazo que se establece para instruir las causas ordinarias, 6 meses, y tan solo 18 para las complejas, por ejemplo buena parte de los casos de corrupción que se investigan ahora mismo en España, con posibilidad de prorrogarlo a solicitud del fiscal.
