Primero las familias y luego la política. Las víctimas y los familiares de las víctimas que sufrieron la represión franquista son ahora el eje prioritario de la estrategia de la Junta de Andalucía en materia de memoria histórica. El Gobierno andaluz, que este martes ha dado luz verde al mismo proyecto que preparó Izquierda Unida en la anterior legislatura, quiere recuperar el entendimiento con las asociaciones memorialistas, pero también y sobre todo quiere dar prioridad a las peticiones, reclamaciones y propuestas de las familias de los represaliados entre 1931 y 1982, entre quienes también se incluye a famliares de niños robados. La ley fijará el régimen jurídico de las iniciativas para "el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista en la comunidad autónoma, bajo los principios de verdad, justicia y reparación". BUSCAR LA UNANIMIDAD La consejera de Cultura, Rosa Aguilar, ha sido la encargada de presentar el proyecto legislativo que el Gobierno andaluz ha enviado este martes al Parlamento, donde los socialistas intentarán buscar una unanimidad que, en todo caso, no se antoja fácil, sobre todo por las conocidas reticencias que suscita en el Partido Popular todo lo relativo a la memoria. Aunque también desde la izquierda hay reproches, en particular por el hecho de que el departamento de Memoria Democrática pertenezca a Cultura y no a otras consejerías como Justicia o Presidencia. "El compromiso de Junta es dar respuesta a víctimas y familiares del franquismo cuanto antes con esta ley". Con esta frase marcaba Rosa Aguilar las prioridades gubernamentales con esta Ley de Memoria Democrática, que prescribe la inclusión de contenidos en esta materia en los currículos educativos. “Eso no significa que vaya a haber una nueva asignatura”, aclaró Aguilar. Entre otras novedades, la ley ampliará la consideración de víctima a colectivos como los familiares o los niños robados; reforzará el régimen de protección legal de los espacios, enclaves y bienes muebles y documentales vinculados a la recuperación de la memoria democrática; incluirá su estudio en los currículos educativos, y facultará a la Administración autonómica para emprender acciones y denuncias de crímenes ante los juzgados, de acuerdo con el principio de justicia universal. Asimismo, establecerá la prohibición expresa de exhibición de simbología fascista y obligará a las instituciones a eliminar cualquier vestigio en este sentido. RECOMENDACIONES DE LA ONU También recalcó la consejera su voluntad de “diálogo con todos los grupos, con las asociaciones memorialistas, con las víctimas, porque ese es el mejor camino para concitar la unanimidad”. Esta ley, resumió, “hace más sólida nuestra democracia porque es una ley para convivir y es un compromiso con las víctimas”. Igualmente, recordó que el texto “asume las recomendaciones de la ONU de trasladar las políticas de memoria desde ámbito de lo privado ad de lo publico”. Para su aplicación en 2016 habrá una partida prespuestaria de un millón de euros, a los que hay que sumar los que destinen estindades colaboradoras como ayuntameintos, diputaciones y asociaciones de memoria. 14 DE JUNIO, DÍA DE LAS VÍCTIMAS Respecto a las víctimas, el articulado extiende esta consideración (ya vigente para fusilados, guerrilleros, condenados y exiliados) a los familiares, a los niños robados, a quienes padecieron los campos de exterminio nazis y a colectivos que sufrieron especial persecución, como homosexuales o mujeres vejadas. Asimismo, y de acuerdo con los ayuntamientos, prevé la elaboración de un censo de carácter público, iniciativas de dignificación de las fosas comunes y el establecimiento del 14 de junio como día de recuerdo y homenaje a las víctimas. En esta jornada se conmemora la primera exhumación oficial de una fosa común, que tuvo lugar en Lecrín (Granada) en 2003. Más información aquí.