El secretario judicial de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Balears ha notificado este martes una diligencia de ordenación del procedimiento 58/2015, en la que señala el día 11 de enero de 2016 a las 9,30 horas la fecha de inicio del juicio del 'caso Nóos'. La diligencia señala que el número de sesiones del juicio está por determinar.
Una pregunta de un diputado socialista en 2006
Todo el asunto comienza en febrero de 2006, cuando el diputado socialista en el Parlamento balear, Antoni Diéguez, denunció que el gobierno de entonces del PP, presidido por Jaume Matas, había pagado 1,2 millones de euros a la Fundación Nóos para que se celebrara en el Palma Arena un Foro sobre turismo y deporte entre los días 22 y 25 de noviembre de 2005, un evento de repercusión mínima. En el año 2007 estalla el caso Palma Arena, cuando el nuevo Gobierno balear presidido por el socialista Francesc Antich descubre que las obras del recinto habían costa 67 millones de euros más de lo presupuestado. En 2010 se abre judicialmente el 'caso Nóos' como una pieza separada del 'Palma Arena' que acabó con el ex Presidente balear y ex ministro del PP Jaume Matas en la cárcel.
Por primera vez en la historia, una Infanta en el banquillo
Es la primera vez en la historia de España en la que se verá a una Infanta, hija de Rey y con derechos sucesorios, sentarse en el banquillo de los acusados como una ciudadana más. Junto a ella y su marido, Iñaki Urdangarín, se sentarán otros 16 imputados (ahora 'investigados') más. El caso estalla en 2007 como consecuencia del caso 'Palma Arena' en el que se investigaba el cobro de comisiones por parte de dirigentes del PP de Baleares, como el ex presidente Jaume Matas. De momento el escándalo se ha saldado con la renuncia este año de la Infanta Cristina al Ducado de Palma pero no a los derechos sucesorios a la Corona a pesar de que tanto el Rey emérito como Felipe VI han intentado convencerla de que lo haga.
La Infanta y su marido fueron apartados de la Familia Real y 'expulsados' de la web oficial de la corona española. En 2009 los todavía duques de Palma se habían 'exiliado' en Washington DC, donde Urdangarín trabajó como alto cargo ejecutivo de Telefónica. Su elevado tren de vida fue objeto de polémica y provocó que Urdangarín tuviera que dejar Telefónica, que la familia regresara a Europa y se les buscara destino en Suiza, donde residen actualmente.
Delitos
En abril de 2013 el juez Castro, instructor del caso, imputó a la Infanta Cristina por presunta apropiación indebida de fondos públicos, al mes siguiente la Audiencia Provincial de Palma, en una actuación inédita, anula la imputación. Días después el juez Castro pide un informe a la Agencia Tributaria sobre los presuntos delitos fiscales y blanqueo de capitales que pudiera haber cometido la Infanta como socia de su marido, dado que Urdangarín y su socio Diego Torres crearon un entramado de empresas con sedes en paraísos fiscales en las que ocultaban sus ingresos. Finalmente el 7 de noviembre de 2014 la Audiencia de Palma imputa a Cristina de Borbón y Grecia por delito fiscal aunque no por blanqueo de capitales.
La infanta está acusada de cooperadora en dos delitos fiscales, por lo que se enfrenta a una pena que puede llegar hasta los cuatro años de cárcel y el pago de 2,6 millones de euros para afrontar responsabilidades civiles. Su marido, Iñaki Urdangarín, se enfrenta a penas que van de los 16,5 a los 22,5 años de cárcel por varios delitos fiscales y blanqueo.
16 propiedades embargadas
Para cubrir las fianzas millonarias impuestas por el Juez Castro a la Infanta Cristina y Urdangarín, el juzgado ha embargado un total de 16 propiedades, incluidos el palacete de Pedralbes (ya vendido), tres pisos, garajes, trasteros y aparcamientos, de las que los ex duques son propietarios, bien directamente o bien a través de la sociedad Aizoon.
El juez Castro levantó el embargo del palacete para pagar la fianza que le impuso el juez.
