[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"23149","attributes":{"class":"media-image size-full wp-image-160048","typeof":"foaf:Image","style":"","width":"645","height":"320","alt":"Mariano Rajoy (c), junto al jefe del Ejecutivo gallego y candidato a la reelecci\u00f3n, Alberto N\u00fa\u00f1ez Feij\u00f3o (2 izda); la ministra de Fomento, Ana Pastor; el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda (2 dcha), y el alcalde de Soutomaior, Agust\u00edn Reguera. EFE"}}]] Mariano Rajoy junto al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, durante la última campaña electoral gallega. EFE



ELPLURAL.COM informaba este jueves de cómo el 'caso Patos' en el que se investigan supuestas irregularidades en la concesión de obras y contrataciones en las administraciones locales, provinciales y autonómicas de Galicia había salpicado al propio presidente, al que su delegada en Vigo agradecía determinados nombramientos. Esa delegada de la Xunta en Vigo, María José Bravo Bosch, acaba de ser imputada por el juez de la operación. El caso de Bravo Bosch es uno de los más comprometedores para el presidente porque él mismo aparece en un informe de la UDEF al respecto, pero en realidad todo el caso en sí desestabiliza a toda la estructura del PP gallego y complica seriamente las aspiraciones nacionales del 'delfín' Feijóo. Con razón se justifica ayer diciendo que no ponía "la mano en el fuego" por nadie...

La delegada en Vigo y dos altos cargos del PP gallego
Las ramificaciones del caso en diferentes lugares de Galicia ha llevado a la juez de instrucción 7 de Vigo a imputar en la causa de la 'operación Patos' a 46 nuevas personas, muchos de ellos cargos populares. Los principales, además de la citada delegada de la Xunta, son el expresidente de la Diputación de Pontevedra y jefe del PP provincial, Rafael Louzán o el exvicepresidente de la Diputación de Pontevedra y líder del PP de Vigo, José Manuel Figueroa. Louzán, Figueroa y Bravo Bosch están imputados por supuestos amaños de contratos y obras públicas y, adicionalmente, la recepción de regalos, excepto la delegada de la Xunta.

Operación iniciada en 2014
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Galicia han informado de que uno de los dos autos dictados por la instructora de la Operación Patos acuerda la creación de una pieza separada, que ella asumirá, sobre los hechos investigados en el partido judicial de Nigrán, y en el mismo imputa a 16 personas. En un segundo auto, relativo a la pieza principal, imputa a otras 34 personas. Por el momento no hay fecha para la toma de declaraciones de los imputados.

La Operación Patos estalló en febrero de 2014 cuando la Policía detuvo a cinco personas, un exconcejal de Nigrán (Pontevedra) y administradores y empleados de las empresas Cespa y Eiriña, cuyo dueño mantenía según la UDEF una fuerte influencia sobre la delegada de la Xunta en Vigo. La investigación ha incluido por el momento registros en las corporaciones de Vigo, Nigrán, Santiago, Pontevedra, Ponteareas y Ourense. También hubo registros en la delegación de la Xunta en Vigo, en dependencias de la Zona Franca, el Consorcio del Casco Vello y el puerto, y en la Diputación de Pontevedra.

Imputado el alcalde socialista de Vigo y tres de sus ediles
El caso ha golpeado también con fuerza al PSdG, ya que ha sido imputado el alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, así como tres de sus ediles: el de Fomento, David Regades, el de Parques y Jardines, Ángel Rivas, e Isaura Abelairas, Política Social. Caballero está imputado por recepción de regalos, que acaba de ser elegido presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

El PSOE confía en la inocencia de Caballero: habrá medidas si hay juicio oral
La dirección federal del PSOE ha mostrado hoy su "confianza absoluta" en la inocencia de Caballero y ha señalado que no le exigirá que renuncie a sus cargos si no se le abre juicio oral. El partido no tomará de momento medidas disciplinarias contra Caballero ni le pedirá que renuncie a sus cargos porque, según han recordado las fuentes, el código ético de este partido dice que esa exigencia llega a partir de la apertura de juicio oral. Este código ético establece que los cargos públicos u orgánicos socialistas deben dimitir en el momento de apertura de juicio oral.