La Comisión Nacional de la Competencia, actual Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), comenzó a indagar una información que culminó en la apertura de un expediente que indicaba que las petroleras habían pactado influir en los precios marcados en las gasolineras. En 2013 se concluyó que habían existido acuerdos entre ellas, incluidas en la cronología de abajo, que el juez actualmente considera como pacto ilícito y “prevaricación comercial”, al constatarse de su existencia:

-          Un pacto de no agresión entre Cepsa y Repsol en el verano de 2011.

-          Intercambios de información estratégica desde 2011 hasta 2013 en las estaciones gestionadas por una de ellas y suministradas por la otra operadora.

-          Pactos de no agresión en los precios de Cepsa y Disa en 2011 y 2013, concretamente en Ceuta. Pretendían quitar una promoción en Ceuta para “evitar una guerra de precios. Ya sabes que Ceuta es un corralito” concluye una de las personas relacionadas con la Compañía española de Petróleos (CEPSA).

-          Acuerdo en las estaciones de Brea de Aragón e Illueca en julio de 2013.

-          Disa y Meroil, que acordaron pactos de no agresión en los precios durante los años 2012 y 2013.

-          Y entre Galp y Meroil en el año 2015.

Por otra parte, según un directivo de Repsol se produjeron coacciones a la cadena de hipermercados más económica de la Comunidad de Madrid, E. Lecrec, dejándoles de suministrar carburante debido a “su agresividad de precios”. Además, el responsable de la compañía petrolera manifestó que se trasmitió igualmente dicha indignación a Alcampo por su política de precios, con el fin de consiguir acabar con la guerra comercial en Soria. No obstante, Repsol mantiene su rechazo a constatar cualquier clase de opinión con respecto a la información trasmitida por la CNMC.

Asimismo, el auto llama a declarar, como querellados a los responsables de las entidades y a sus representantes legales. La sanción conjunta que Competencia impone por acordar los precios de la gasolina es de 32,4 millones de euros, multa que recurrirán algunas de las compañías.

Entre las pruebas presentadas se encuentran las declaraciones de un trabajador de la compañía, que admite como una estación de servicio de Cepsa indica al comercial de una gasoliera cercana de Repsol que “hablara con quien tuviera que hacerlo para evitar los desfases de precios”.