A punto de cumplir sus primeros 100 días, el Gobierno de Cristina Cifuentes se encuentra ante su primera gran alerta de tsunami. El juez del caso Púnica, Eloy Velasco, va a llamar en los próximos días a una cuarentena de testigos y posibles imputados. Se trata de la lista de personas que habría señalado como 'colaboradores necesarios' para su trama el principal capo, junto a Francisco Granados, de la trama, el empresario David Marjaliza.

Taboada, primera bala contra Cifuentes
Como informamos en ELPLURAL.COM en su momento, David Marjaliza, tras una resistencia inicial, dio un giro de 180º a su posición y pasó a convertirse, tras los investigadores de la Guardia Civil, en la principal fuente de información para el juez Velasco: nombres, negocios y circunstancias en los que esos nombres ayudaron.

Entre esos '40' a los que señaló este peculiar Alí Babá, figuran dos nombres cruciales para la presidenta de Madrid. Por un lado su consejero y, de facto, número tres, Jaime González Taboada. Fuentes implicadas en el caso aseguran a este periódico que el actual consejero de Medio Ambiente está en uno de los lugares preferentes de esa lista.

Según la Guardia Civil, y parece que Marjaliza confirma el asunto, Taboada sería sospechoso en varios contratos de la trama con la Comunidad con empresas de Marjaliza. Sin duda la imputación de Taboada haría temblar el Gobierno de Cifuentes, que ha insistido siempre en la inocencia de su colaborador. De hecho, tendría que cesarle, si él no dimite antes, por su acuerdo de apoyo en la Asamblea con Ciudadanos.

Una diputada de Ciudadanos, sin embargo, el gran peligro para Cifuentes
Pero aún más duro sería para el Gobierno que el magistrado pidiera la imputación de alguien que parece un personaje más secundario. Nos referimos a la diputada autonómica Eva Borox, de Ciudadanos, antigua concejal de la localidad de Valdemoro, 'la villa de Granados', y que en su momento fue expulsada por el PSOE, pero encontró acomodo, a pesar de las dudas que despertaba su figura, en el partido de Albert Rivera.

El peligro de la petición de imputación de Borox, a la que Marjaliza dice que sus empresas le 'premiaron' con 30.000 euros, es que podría cambiar la frágil mayoría que apoya el Gobierno Cifuentes en la Asamblea de Madrid. En estos momentos, Partido Popular más Ciudadanos suman 65 escaños, frente a los 64 que reúnen las listas de PSOE y Podemos.

Por su compromiso de limpieza democrática, Ciudadanos de inmediato tendría que pedir a Eva Borox que dejara su escaño si Velasco considera que hay motivos para imputarla. La cuestión es que la diputada acepte dejar libre el escaño. Porque de no hacerlo así (cuando primero saltó su nombre, Borox aseguró entre lágrimas que era inocente), y se pasara al grupo mixto, las matemáticas pasarían a indicar un empate entre el bloque PP-Ciudadanos y PSOE-Podemos que podría bloquear cualquier medida del gobierno, y aún peor, dejar sus políticas en manos de una imputada.