La Radio Televisión de Galicia se enfrenta a una importante denuncia del sindicato CUT (Central Unitaria de Trabajadores), que acusa a la empresa pública de “infracotizaciones en las nóminas del conjunto del personal”. Una presunta falta que según el sindicato habría esquilmado más de cuatro millones a las arcas públicas “y podrían llegar a los 15 millones”. Es por ello que, según informa Público, exigen el cese del director general del ente, Alfonso Sánchez Izquierdo, y del resto del equipo directivo por unas irregularidades que existirían desde mayo de 2010.

El propio departamento de recursos humanos admitió en marzo que "se produjeron variaciones en las bases de cotización de algunos trabajadores. Las mismas están detectadas y en el mes de abril se procederá a la regularización de las bases de cotización, con efectos retroactivos desde enero". Pero la decisión se pospuso hasta el 26 de mayo, cuando reconocieron otra vez las irregularidades en una nota de prensa.  "Finalmente, se regularizarán las bases de cotización en la presente nómina del mes de mayo".

El sindicato ha subrayado en su denuncia que "en ese intento de regularización no solo se omite la revisión de la infracotización producida durante los últimos cuatro años, sino que se hace a coste de las trabajadoras y trabajadores, que ven descontadas de sus nóminas la cuota obrera de los periodos infracotizados".

Algo que según la CUT vulnera el artículo 104.2 de la Ley General de la Seguridad Social: "El empresario descontará a sus trabajadores, en el momento de hacerles efectivas sus retribuciones, la aportación que corresponda a cada uno de ellos. Si no efectuase el descuento en su debido momento, no podrá realizarlo con posterioridad, quedando obligado a ingresar la totalidad de las cuotas a su exclusivo cargo".

La televisión gallega ha defendido que "no hay actitud defraudatoria alguna en la cotización a la Seguridad Social por la CRTVG", sino que solo existen "discrepancias sobre criterios de contabilización de cotizaciones, pendientes de acuerdo técnico. El importe de las diferencias, llegado el caso, tendría un alcance poco significativo".

El supuesto fraude encuentra su origen el decreto de 2010 para reducir el déficit público y que exigía una rebaja salarial del 5% a los empleados públicos, pero manteniendo intactas las bases de cotización excepto en los casos de subidas de sueldo. En su denuncia, el sindicato asegura haber encontrado un "fraude concretado en diferencias mensuales de cotización de entre 100 € y 700 € en la nómina de cada uno de los casi mil trabajadores de la empresa en los últimos cuatro años".