El Banco de España ha pedido a las entidades financieras que no cobren por la retirada de dinero de los cajeros a los usuarios que no sean clientes del banco, como ya han anunciado que van a aplicar CaixaBank, Santander y BBVA. La medida está siendo investigada por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia y por la Unión Europea. Bankia y Bankinter descartaron que fuera a aplicar esas tarifas pero otras entidades como el Popular o el Sabadell estudian imponerlas. La comisión sería de media de unos dos euros.

Cobrar dos veces
El banco supervisor considera que la retirada de efectivo en un cajero automático constituye un único servicio de pago, con independencia de que se realice en un cajero propiedad de la entidad emisora de la tarjeta bancaria o de otra entidad. “En consecuencia, ese servicio solo puede originar el cobro de una comisión, ya sea por la entidad emisora de la tarjeta o por la entidad propietaria del cajero”, indicó el Banco de España en un comunicado. Además, de ese pago fijo de dos euros, el banco emisor de la tarjeta ya cobra una tasa anual al cliente por lo que, tanto las asociaciones de consumidores como ahora el Banco de España, entienden que no se puede cobrar dos veces por el mismo servicio.

El cobro de esta segunda comisión a los no clientes ha provocado una fuerte polémica, tanto entre las autoridades como entre las asociaciones de consumidores.  CaixaBank fue la primera entidad en aplicar la nueva comisión y cobra ya dos euros a los usuarios de otras entidades, y tanto Santander como BBVA ya han anunciado que se sumaran al banco catalán, a finales de septiembre o principios de octubre, cobrando también dos euros.

Petición por carta
El Banco de España ha acordado remitir enviar un escrito a la Asociación Española de Banca (AEB), la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC), la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) y la Asociación Española de Entidades de Pago (ANAED), como asociaciones representativas de las entidades supervisadas que desarrollan actividad de servicios de pago, instando a las entidades  a que adopten las medidas necesarias para garantizar que, en cada operación, se procede al cobro de la comisión solo por una de ellas.