El PP intenta desmarcarse de la trama Púnica de corrupción en la que están implicados altos cargos del Gobierno regional de Madrid e intenta ofrecer ahora una imagen de contundencia e incluso de repulsión hacia los que eran sus compañeros. Por un lado el vicesecretario de Comunicación del partido, Pablo Casado, anunció ayer que el Comité de Derechos y Garantías del PP de Madrid va a analizar el sumario del caso Púnica y tomar una determinación sobre miembros del partido que hasta ahora no habían aparecido relacionados con la trama de corrupción. Insistió en que el caso les "abochorna", "indigna" y "avergüenza".

Se desmarcan de cargos que han sido todo en el PP
En la misma línea, la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha dicho sentirse "abochornada, responsable e indignada" por el caso Púnica, pero ha remarcado que "de ninguna manera" puede admitir que se piense que fue "consentidora" de los hechos. Incluso ha asegurado que "desde el minuto uno" en el que ella tuvo "la más mínima sospecha o indicio" de irregularidad cesó a quien tuviera responsabilidades, y como ejemplo ha citado a Francisco Granados porque perdió sus responsabilidades en el Gobierno regional "tres años antes" de que se conocieran sus cuentas ocultas en Suiza. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha completado los golpes de pecho de contrición anunciando solemnemente que se personarán como acusación en el caso.

Lejos de avergonzarse, los buscaban cuando ya tenían sombras
¿Pero cómo pueden ahora intentar desligarse de cargos que contaron con la plena confianza del PP de Madrid hasta mucho más allá de lo razonable? Granados fue descabezado como 'superconsejero' de Presidencia, Justicia e Interior en 2011, pero mucho antes su nombre ya se había visto salpicado por la 'guerra de los dossiers' con su rival en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y en el escándalo del espionaje, y además Aguirre lo recolocó como senador. Según su propio entorno Cifuentes hablaba de él en privado como "un corrupto total" pero no tenía inconveniente en inaugurar sedes del partido cuando éste era el secretario general del partido, como ocurrió en Boadilla del Monte junto al entonces alcalde Arturo González Panero, imputado por la Gürtel.

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El caso paradigmático de Boadilla
Precisamente Boadilla del Monte es un caso paradigmático. Es indudable el peso político de varios cargos populares imputados por la trama Púnica: Lucía Figar era consejera de Educación del gobierno regional, Borja Sarasola consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial y Salvador Victoria uno de los sucesores de Granados en la 'superconsejería' de Presidencia y Justicia, a la que añadió la portavocía del Gobierno. Pero una imagen vale más que mil palabras y la presencia de estos consejeros era reclamada por municipios como Boadilla del Monte para darse notoriedad y quitarse el estigma de la Gürtel, que convirtió este municipio en su feudo. Los 'punicos' inauguraron compulsivamente en el municipio y vuelven a manchar así tanto este municipio como muchos otros de la Comunidad, sembrando dudas sobre cientos de licitaciones cuando el sumario sobre la trama habla de amaños de contratos públicos y mordidas sustanciosas.

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Púnicos 'inaugurando' compulsivamente
Figar se paseó por Boadilla en la transición de la Gürtel a la Púnica, pues inauguró un centro formativo "de lujo" (construido por el grupo DICO, la empresa constructora de referencia de la trama de Granados y Marjaliza) con el excalcalde Juan Siguero, el segundo regidor que tuvo que dejar su cargo por ser imputado por sus vínculos con la trama de Correa. Borja Sarasola fue brevemente diputado con Cifuentes a pesar de que ya le habían citado a declarar por la Púnica. Antes se dejó caer por Boadilla para inaugurar un carril-bici que costó 589.384,28 euros más IVA pero que según el Ayuntamiento era un chollo porque el presupuesto de licitación había superado el millón de euros y al final lo hicieron por el 44% menos. Y Salvador Victoria inauguró unas reformas en un Palacio del municipio en el mes de marzo de este año, es decir, cuando ya se sabía que se había registrado su consejería buscando contratos vinculados con la Púnica. ¿Como Aguirre puede presumir de contundencia ante el más "mínimo indicio" y Cifuentes intentar desvincularse como si nada de los que hasta hace dos días eran sus compañeros de viaje? ¿Y los alcaldes que presumían de su relación con los 'púnicos', en qué situación quedan ahora?

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