El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco había anunciado este miércoles ante los medios durante su presencia en los cursos de verano de la Universidad Complutense en San Lorenzo de El Escorial (Madrid) que el caso Púnica que instruye ha revelado "una trama muy compleja en la que hay muchas ramas y líneas de corrupción en distintos ámbitos y con distintas formas". "Al final todo es lo de siempre, usar el dinero público para fines que no son para los que los ciudadanos pagan impuestos", alertó.
Una compleja red de sociedades para ocultar lo robado
Y desde luego que la trama era compleja y con muchas ramificaciones que afectan al PP a nivel municipal y autonómico en la Comunidad de Madrid especialmente, pero también en la Comunidad Valenciana, Castilla y León y Murcia, como ha demostrado la levantación del secreto del sumario () que no puede sino causar indignación por el relato judicial que presenta una red de tráfico de influencias y amaños de contratos públicos junto a una maraña de sociedades diseñada para esconder lo expoliado. En total son 90 los imputados en la trama con el popular Francisco Granados y su amigo el empresario David Marjaliza (ambos en prisión) señalados como los cerebros de la trama, y con la exconsejera Lucía Figar y el exnúmero dos de la Comunidad Salvador Victoria como otros 'ilustres' imputados.
En el sumario el juez da cuenta de cómo la Fiscalía abrió la investigación a raíz de una querella "donde se denunciaba la existencia de varias cuentas en un banco suizo" a nombre de Granados y Marjaliza, así como transferencias "desde una cuenta de Singapur" a través de una sociedad en la que también figuraba el nombre del empresario y justificando los movimientos "en exportaciones de supuestas obras de arte" a otras sociedades pantalla. "Como origen de las cantidades afloradas en Suiza el Ministerio Fiscal constató la existencia de dudosas actuaciones y contrataciones localizadas en diversos municipios, principalmente Valdemoro, y en la Comunidad de Madrid coincidiendo con el desempeño de algún cargo público de Granados", advierte Velasco. Según la querella inicial, Granados favorecía también "los intereses de determinados empresarios" a través de pelotazos urbanísticos .
Pleitesía de funcionarios y chivatazo de un Guardia Civil de la UCO
Velasco explica que con las intervenciones telefónicas a los investigados "se confirmó la frecuente utilización de las relaciones personales e influencias" por parte de Granados y Marjaliza "para conseguir la adjudicación fraudulenta de contratos públicos" en detrimento de las arcas municipales, así como "posibles ventas ilícitas de parcelas municipales y recalificaciones" en Valdemoro a través de sociedades vinculadas al arquitecto municipal. La intervención telefónica también demuestra que la influencia de Granados y Marjaliza era tal que se evidencia "la pleitesía que les rendían determinados cargos políticos y funcionarios" entre los que cita un Guardia Civil de la UCO ahora imputado, José Manuel Palomino, que les avisó de que estaban siendo investigados "con el consiguiente perjuicio para la investigación".
Cuatro gobiernos regionales del PP pringados
El juez también recoge los tejemanejes para entregar contratos públicos a la empresa energética Cofely a cambio de comisiones. Los imputados Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa, a través del entramado de influencias de Granados, contactaron también "con autoridades públicas y políticas de las Comunidades de Valencia, Murcia, Madrid y León para la adjudicación de contratos públicos o para la prestación de servicios de reputación en la red para autoridades políticas, presuntamente abonados con cargo a las arcas públicas o utilizando la existencia de contratos públicos con terceras personas".
Victoria y Figar imputados por la reputación online con dinero público
Es ahí donde aparecen dos personas claves en el PP de Madrid de Esperanza Aguirre como Victoria y Figar, como explica el juez: "Respecto a la Comunidad de Madrid, se conocieron contactos entre De Pedro y funcionarios y autoridades entre las que se encontrarían Victoria (consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía), Isabel Gallego (directora general de Medios), José Martínez (Agencia de Informática y Comunicación) y Lucía Figar (consejera de Edudación) para conseguir adjudicaciones de nuevos contratos o bien para la realización de trabajos para algunos de ellos relacionados con la mejora de la imagen en internet".
