El PSPV también recusa a Enrique López por su vinculación con FAES y su participación en actos del PP

A la recusación de ADADE contra Enrique López y Concepción Espejel como magistrados que juzgarán la Gürtel, y de la que ha informado en exclusiva ELPLURAL.COM, se acaba de unir la recusación presentada por los socialistas valencianos, que están personados en la causa. El documento, al que ha tenido acceso este periódico, ocupa 40 páginas repletas de argumentos de peso que se resumen en su afinidad con el Partido Popular a lo largo de su carrera, su participación en mítines de esta formación, su recurrente asistencia a los cursos impartidos por la Fundación FAES (del Partido Popular) y su coincidencia en varios actos públicos con algunos de los implicados en el caso Gürtel.

El escrito, firmado por hasta seis dirigentes del PSPV, pide la recusación de Enrique López y que se nombre a un nuevo magistrado "que por turno de reparto corresponda". Pero, además, solicita que se requiera a la FAES el desglose completo de los cursos en los que ha participado el magistrado desde 2003 y que aclare si se le ha pagado por ello y cuanto. Y de la misma manera, que se le exija al PP que aclare si pagó a López "algún tipo de emolumento, dieta o retribución dineraria o en especie por participar en la Conferencia política del PP sobre el modelo de estado. Mesa redonda: Igualdad y solidaridad en el Estado de las Autonomías, celebrada el Madrid el 1 de diciembre de 2006".

Los intentos para el Constitucional
La primera parte de la recusación se centra en el currículum vitae de Enrique López y en los esfuerzos denodados del PP para nombrarle magistrado del Tribunal Constitucional pese a que la ley no lo permitía. Y como prueba adjuntan el recurso que Pío García Escudero presentó en el Senado contra la negativa de nombrar a López, así como la respuesta de la Mesa del Senado aclarando por enésima vez que el candidato no cumplía con los 15 años de magistratura que exige la ley.

Cursos de FAES
La segunda parte del escrito del PSPV se centra en la vinculación de López con la Fundación FAES y desglosan hasta el medio centenar de cursos en los que ha participado Enrique López entre 2003 y 2010. Además recuerdan que esta fundación no solo está compuesta por "José María Aznar, siendo su actual presidente y como vicepresidenta, María Dolores de Cospedal", sino que en ella participan como vocales "Ana Mato, quien está acusada en la presente causa como partícipe a título lucrativo de los delitos que se imputan a su ex esposo, Jesús Sepúlveda, también miembro del referido Partido Político; Federico Trillo-Figueroa, persona con la que mantiene una estrecha relación y propulsor de la carrera judicial del ahora recusado durante el periodo en el que éste ocupó el cargo de Secretario de Justicia y Libertades Públicas del PP".

Mítines del PP
Además, como vinculación directa con el PP, los socialistas valencianos recuerdan que Enrique López participó en 2007 en un acto de campaña de esta formación sobre el Estado de las Autonomías. Además, preguntado entonces por su asistencia a pesar de que era vocal del CGPJ, el magistrado señaló que "no iba a cobrar absolutamente nada y que, de todos modos, no era la primera vez que colaboraba con el PP”. Y, efectivamente, como han comprobado las partes, en 2006 participó "en una Conferencia del Partido Popular sobre el modelo de Estado, dato que el propio Sr. López incluye en el curriculum que presentó al Senado en el año 2010 en el apartado “Experiencia Docente no Universitaria”.

Vinculación personal
Por último, la recusación incluye un apartado dedicado solo a señalar las vinculaciones de López con personas implicadas en la trama Gürtel que ahora pretende juzgar. Y señalan su vinculación familiar con Miguel Hernán Manovel, mano derecha de José Luis Ulibarri, uno de los principales imputados en la causa, pero también su coincidencia en los cursos de FAES con Carlos Clemente, exviceconsejero de la Comunidad de Madrid "para quien la Fiscalía Anticorrupción pide 8 años de prisión por la comisión de los delitos de cohecho y malversación y 9 años de inhabilitación para cargo público por el delito continuado de prevaricación".