La Comunidad de Madrid y el ayuntamiento de Madrid bajo el Gobierno del PP decidieron vender los miles de viviendas sociales que tenían a fondos de inversión denominados 'fondos buitre' por dedicarse a operaciones meramente especulativas. La Comunidad se negó a vender al mismo precio los pisos a muchos inquilinos, y los fondos de inversión lo primero que hicieron fue subir los alquileres y desahuciar a las familias sin ingresos que no podían pagar el alquiler. La venta a los fondos buitre está denunciada en los tribunales, pero el consejero  de Transportes, Infraestructura y Vivienda del Gobierno de Ignacio González, Pablo Cavero, fue recolocado por Esperanza Aguirre en su lista al ayuntamiento de Madrid.

Recogida de firmas
La Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA (AVVI) ha iniciado una campaña de recogida de firmas a través de la plataforma change.org, además de pedir a los grupos políticos del Ayuntamiento de Madrid que exijan la dimisión del concejal del PP, al que responsabilizan directamente de los desahucios que se han producido de viviendas públicas. La AVVI afirma en un comunicado que "todos los desahucios que se han producido por la venta de estas viviendas han ocurrido por el total desamparo que han sufrido los legales adjudicatarios de las viviendas por parte de la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid".

Cavero no puede representar al Ayuntamiento
La Asociación sostiene que "un responsable político que ha causado tanto daño, tanto dolor a la parte más débil y desprotegida de la ciudadanía madrileña, no puede representarla en una institución tan importante como es el Ayuntamiento de Madrid", en referencia al ahora concejal Pablo Cavero.
Por otra parte explica que "el tiempo juega contra los inquilinos" de las viviendas que antes eran del IVIMA, porque se terminan las ayudas al alquiler que les daba la Comunidad de Madrid y que ya no renovará. La respuesta que reciben desde el IVIMA es que "esas viviendas ya no son públicas, pertenecen a un fondo de inversión".

En los tribunales
El Gobierno del PP presidido por Ignacio González vendió en 2013 los 2.935 pisos del IVIMA a los fondos de inversión Goldman Sachs y Azora por 201 millones de euros, una operación muy polémica que fue denunciada por el Partido Socialista en los tribunales. El PSOE presentó una querella por malversación de caudales públicos y prevaricación continuada que fue admitida a trámite en marzo de 2014 por el juzgado número 48 de Madrid. La Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA se personó como acusación particular y el pasado mes de diciembre el juez imputó a la entonces gerente del IVIMA, Ana Gomendio.

Por su parte el ayuntamiento de Madrid, con Ana Botella como alcaldesa, vendió 1.860 pisos de alquiler social al fondo de inversión Blackstone por 128,5 millones de euros, dándose además la circunstancia de que su hijo mayor trabajaba entonces para dicho fondo. La operación también fue denunciada por el PSOE en los tribunales aunque fue sobreseída, aunque tanto el PSOE como la asociación han recurrido.