José de la Mata, el magistrado que heredó de Pablo Ruz el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, no sólo ha mantenido todas las acusaciones que éste montó al cerrar el sumario, sino que ha añadido otras nuevas. El juez considera, en un auto de 102 páginas, que ha quedado acreditado en la investigación de la trama Gürtel que existió organización criminal, asociación ilícita, delito electoral, tráfico de influencias, falsedad contable, blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública.

Probada la existencia de la caja B del PP
Por todo ello ha decidido abrir juicio oral contra los extesoreros del PP, Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, así como al exgerente del partido, Critóbal Páez, y considera probada la existencia de una caja B en el PP que funcionó al menos desde 1990 hasta 2008 "sirviéndose de diversas fuentes de financiación ajenas al circuito económico legal".

El juez de la Mata ha incluido en la apertura del juicio oral dos delitos que Ruz daba por prescritos. Foto EFE



En la misma línea, y puesto que considera probado que al menos 1,5 millones de euros de esa caja b se emplearon para sufragar las obras de la sede nacional del PP en Génova 13,  hace responsable civil subsidiario al PP, al que obliga a responder con 1,2 millones de euros de fianza.

Esta cantidad de dinero, según el juez, responde a la obligación del dinero que tendría que haber ingresado este partido en Hacienda por el Impuesto de Sociedades (de la Mata se alinea con Ruz en la interpretación de que el PP estaba obligado a pagar por ese dinero frente a la opinión de Hacienda), y también a la que habría debido pagar Unifica, la empresa de los arquitectos Gonzalo Urquijo y Belén García, así como su empleada Laura Montero, que llevó a cabo las obras en la sede nacional del Partido.

De la Mata añade delitos que Ruz daba por prescritos
También ha determinado el juez las fianzas para los seis procesados y que van desde la que tienen que depositar Lapuerta y Bárcenas, 8,98 millones euros, y los 7,44 millones que pide a Cristóbal Páez, hasta los 6,15 millones de euros que pide para cada uno de los tres procesados de Unifica.

Como apuntamos, De la Mata no se ha quedado en el punto de acusaciones que había señalado Ruz, sino que él a la vista de las pruebas considera que también han cometido delitos de falsedad de fondos electorales y falsedad contable, delitos que Ruz había considerado prescritos. Y esto porque, según de la Mata, parte de ese dinero de la caja B fue empleado en las campañas catalanas de 2003, las generales, las europeas y las andaluzas de 2004, así como en las generales y andaluzas de 2008. Esto es por lo que los otros partidos de la oposición han acusado al PP de acudir a los comicios "dopados".