El Tribunal Constitucional ha anulado la Ley Antidesahucios andaluza, que estaba paralizada temporalmente tras el recurso del Gobierno de Mariano Rajoy. Golpe a la autonomía a la andaluza, a su capacidad de autogobierno y sobre todo un varapalo para miles de familias que esperaban de esa ley emanada de la Junta de Andalucía, un solución al grave problema y lacra social que implican los desahucios de las viviendas.

¿Por qué no se ha conocido la sentencia antes de las elecciones?
El TC ha esperado a que pasaran las elecciones municipales y autonómicas, conscientes de que si esa decisión se hubiera conocido antes o durante la campaña hubiera acentuado el fuerte carácter antisocial de las políticas del PP, que no contento con ejecutarlas desde Madrid -el Gobierno del PP fue quien puso el recurso- interfiere en las decisiones que la Comunidad autónoma andaluza adopta en virtud de su capacidad legislativa y sus competencias de autogobierno. Aunque el Constitucional acepta las razones de urgencia que expuso el ejecutivo andaluz para legislar en esta materia a través de un decreto-ley, sí anula determinados preceptos de la norma porque restringen el derecho de propiedad, un ámbito que solo puede verse afectado por normas con rango de ley.

El PP recurrió la Ley y ahora el TC le da la razón
Haciendo un poco de memoria cabe recordar que si el Tribunal Constitucional ha anulado la Ley Antidesahucios andaluza, es porque ya se encontraba paralizada de manera eventual por una decisión del Gobierno central de interponer un recurso ante el TC. En su momento desde el PSOE y la Junta de Andalucía se criticó el centralismo del PP al intentar boicotear decisiones de la Junta que marcaban la diferencia en la forma de gobernar.

No a expropiar viviendas vacías a los bancos
El recurso ha sido parcialmente aceptado y estimado por el Constitucional, presidido por un antiguo militante del PP y puesto allí al dictado de Moncloa. La Ley Antidesahucios o sobre la Función Social de la Vivienda, recogía la expropiación de viviendas vacías en manos de los bancos. Según la interpretación que hace el TC este asunto, vital en la solución del problema, sería de competencia exclusiva del Gobierno central y se entiende que habría una ocupación de competencias del Ejecutivo nacional por parte de la Junta de Andalucía.

Cuatro votos particulares en contra
La sentencia ha contado con cuatros votos particulares en contra que disienten de la anulación de la norma. En concreto se trata de los votos particulares de la vicepresidenta, Adela Asúa, y de los magistrados Juan Antonio Xiol y Encarnación Roca. Al de ésta última se ha adherido el magistrado Fernando Valdés. La vicepresidenta señala en su voto que la sentencia de la que discrepa "construye un canon sui generis" que no tiene precedente alguno en la doctrina constitucional al reprochar a la norma andaluza su interferencia con las competencias del Estado "sin acreditarlo en ningún momento".

"No se argumenta por qué la medida andaluza puede poner en riesgo el correcto funcionamiento del mercado hipotecario, ni en qué grado conlleva una desprotección o una reducción de la protección dispensada por el Estado a los colectivos desfavorecidos", señala el voto particular.



Decisión "preocupante" para la vicepresidenta del TC
Para Asúa, "el hecho de que un" qea comunidad autónoma, en el ámbito de sus competencias, haya optado por su propia solución normativa frente a un determinado problema es expresión del principio constitucional de autonomía". Lo contrario, es decir, lo que ha establecido la sentencia, resulta a juicio de la vicepresidenta "preocupante". "Se da por bueno que el Estado" pueda "imponer de modo excluyente la solución de un problema social o económico como expresión de las bases de la planificación económica, cerrando el paso a que las comunidades autónomas puedan establecer sus propias medidas al respecto"

El TC al lado del PP
El TC se pone al lado del Gobierno del PP al defender las medidas que el Gobierno de Rajoy -el "Estado- aprobó en esta materia. Unas medidas por cierto, que desde la Junta de Andalucía se consideraron tímidas, poco valientes y que para nada aportaban soluciones a esta lacra social. Tras la aprobación de este decreto del PP, la Junta de Andalucía aprobó una Ley de Vivienda que derogaba parcialmente el decreto-ley. Esta norma, finamente, también fue recurrida ante el Constitucional por el Gobierno estando pendiente actualmente de sentencia.

Se espera una dura reacción de la Junta
Desde el PSOE-A y la propia Junta no hay declaraciones hasta el momento aunque se espera que la reacción se a muy dura, no excluyendo que sea la propia presidenta de la Junta en funciones, quien protagonice las primeras declaraciones por ser un ataque a una ley emblemática asñi como necesaria para el Gobierno andaluz. Cuando la ley fuer recurrida por el PP desde la Junta se acusó al Gobierno central de “actuar cobardemente” ya que la norma se entiende como perfectamente constitucional basada en la función social del derecho de propiedad.”