Poca o ninguna ayuda está encontrando la justicia en el Arzobispado de Granada para esclarecer el caso de los supuestos abusos sexuales de sacerdotes contra menores. Hoy ha respondido al requerimiento que le hizo el juez que instruye lel caso indicando que la investigación canónica completa, iniciada a raíz de la denuncia de los hechos, depende de la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano. Dicho en lenguaje bíblico, "se ha lavado las manos".
El arzobispo se inhibe
El arzobispo Javier Martínez ha contestado de esta forma a la petición formulada por el Juzgado de Instrucción 4 de Granada para que le aportara la documentación completa sobre los interrogatorios que practicó a los sacerdotes supuestamente implicados en el marco de su investigación eclesiástica.
A pesar de que desde todas las instancias se critica la poca o nula ayuda del Arzobispado este ha mantenido que ha trasladado al juez instructor, Antonio Moreno, que la Diócesis ha venido colaborando con el Juzgado para el esclarecimiento de los hechos y ha aportado "cuanta información se le ha solicitado, desde el primer momento".
Mantiene que colabora
De hecho, el arzobispo ha recordado al juez que, en su día, instó al primer denunciante a poner los hechos en conocimiento de la justicia puesto que, al ser ya mayor de edad, la denuncia solo podría ser formulada por él mismo, y que lo comunicó de forma "inmediata" a la Fiscalía y aportó "copia integra" de lo conocido por la Iglesia.
Balones fuera
El arzobispo ha aclarado asimismo que, de acuerdo con la legislación canónica aplicable, la Congregación para la Doctrina de la Fe, en la Santa Sede, es la "única instancia y tribunal eclesial competente" para el conocimiento de las responsabilidades canónicas que se pudieran haber producido.
Esta congregación del Vaticano es, por tanto, la que sigue en este momento el procedimiento propio para el esclarecimiento de los hechos, la que posee la documentación requerida y la que podría autorizar su traslado a una instancia civil y la "eventual divulgación" de aquellas informaciones hechas "en el ámbito de la conciencia".
Providencia del juez
Este nuevo pronunciamiento se produce tras la providencia en la que el juez Antonio Moreno recogía que, en la documentación remitida con anterioridad, se habían "omitido" las referidas declaraciones e interrogatorios escritos de los religiosos sobre los que se inició el expediente eclesiástico.
En su resolución, el juez entendía que dichas comparecencias debían obrar "de forma escrita", a la luz de las disposiciones sobre procedimientos administrativos y eclesiásticos, y que en el caso de Granada dieron incluso lugar a resoluciones de suspensión de funciones para algunos de los investigados.
El juez exige información al arzobispado
El instructor requería "de forma definitiva" al Arzobispado que encabeza Javier Martínez que le facilitara la documentación íntegra de los interrogatorios y el informe escrito que se derivaría de los mismos, en relación a las personas implicadas y respecto a las que se siguió expediente canónico.
En la causa, cuya investigación comenzó en octubre del 2014, fueron imputados diez sacerdotes y dos seglares, aunque el principal imputado, el padre Román, es el único contra el que actualmente continúan las actuaciones judiciales.
