El Registro Civil no pasará a estar gestionado por los registradores mercantiles, el 15 de julio, como había anunciado el Gobierno. Esta decisión es una nueva enmienda del ministro de Justicia, Rafael Catalá, a un proyecto promovido por su antecesor en el cargo, Alberto Ruiz-Gallardón.
Catalá reconoce que el proyecto no tenía apoyos
El Ministerio de Justicia aparca la cesión de la gestión del Registro Civil a los registradores y manifiesta su disposición a buscar un modelo diferente, según lo anunció Catalá, que reconoció que el proyecto no contaba con "los apoyos necesarios".
Otros proyectos de Gallardón se quedaron en el camino
Esta decisión llega después de otras enmiendas a reformas promovidas por Gallardón, como la de la ley del Aborto, la ley de Tasas, la Ley Orgánica des Poder Judicial o la reducción del número de aforados. El proyecto del Registro Civil no gustaba ni a los profesionales del ámbito de la justicia ni a los registradores mercantiles, que exigían compensaciones económicas para asumir esta función
Los sindicatos lo atribuyen a un triunfo de la presión social
Según ha explicado Catalá, comenzará un período de negociación con sindicatos, operadores jurídicos y representantes políticos en busca de un consenso que hasta ahora se había despreciado.
Fuentes ministeriales han precisado a EFE que la propuesta de Justicia no está descartada por completo y que habrá que estudiar todas las alternativas que se plantearán en los próximos días antes de tomar una decisión, una lectura prudente que comparten los sindicatos, que han valorado el anuncio de Catalá como "un triunfo de la presión social" pero no "definitivo".
Piden retirar la reforma
"Es un triunfo de las organizaciones sindicales y de los partidos que hemos estado dos años peleando contra esta reforma", ha destacado la responsable de Justicia de UGT, Victoria Carrero. Igualmente, el portavoz de Justicia del CSI-F, Javier Jordán, ha subrayado "el acierto del Gobierno a la hora de retirar la privatización y abrir un proceso de negociación".
Desde CCOO, Flora Martínez ha ido más allá y ha exigido la retirada de la propuesta de Justicia. "No es lo mismo paralizar que retirar", ha aseverado la portavoz de Comisiones Obreras que, al igual que el resto de sindicatos, ha abogado por mantener la gestión del Registro Civil en manos de los funcionarios de la Administración de Justicia.
El modelo que defienden los sindicatos
De esta forma, UGT, CCOO y CSI-F han tratado de desmentir las declaraciones del ministro, que ha dicho que a día de hoy todavía "no ha recibido ninguna alternativa" a su planteamiento inicial.
"Catalá sabe perfectamente que siempre le hemos exigido que la única opción y la más viable es que el registro siga siendo gestionado por funcionarios de la Administración de Justicia", ha explicado Martínez, un diagnóstico que comparte CSI-F, que defiende "su experiencia y formación para llevar adelante el proceso de modernización" de los registros. Por ello, ambos sindicatos han anunciado que insistirán en estos planteamientos en el encuentro del próximo martes y al que UGT también acudirá para presentar su propuesta "por sexta vez", como ha puntualizado Carrero.
También el Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) ha valorado el anuncio de Justicia y ha reiterado la "plena disponibilidad y capacidad" de este cuerpo de funcionarios públicos para asumir su dirección
