Un ciudadano madrileño ha sido quien ha tenido que poner en marcha una acción contra la hija de Jordi Pujol, Marta Pujol Ferrusola. En concreto, Fernando Jabonero, que gestiona la web Acción Pública, donde se denuncian y difunden casos en que supuestamente los gestores públicos han vulnerado la ley, ha interpuesto una denuncia ante la Subdirección General de la Función Pública del Ministerio de Hacienda -con copia la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat-. El acusado es Francesc Ortíz, secretario-interventormunicipal del Ayuntamiento de Sant Vicenç de Montalt (Barcelona) por la contratación, supuestamente irregular, de Marta Pujol como arquitecta municipal sin haber realizado ninguna oposición.

La denuncia, a la que ha accedido La Vanguardia, relata ante el organismo dependiente de Hacienda que la hija de Jordi Pujol trabaja desde 1996 como arquitecta municipal, con la condición de funcionaria municipal "lo que es evidente que no es legal". Jabonero también alega que el alcalde, Miquel Àngel Martínez, de CiU, admitió en el último pleno municipal que Pujol fue contratada por seis meses. También el propio secretario-interventor, en dicho pleno, habría admitido la irregularidad en la que se entró una vez se finalizó el primer contrato.

Arquitectos honoríficos
En la actualidad, según Jabonero, tanto Marta Pujol como Lluís Buch "siguen prestando sus servicios en el Ayuntamiento de Sant Vicenç de Montalt como arquitectos honoríficos” sin pertenecer a la plantilla, ni ser funcionarios, ni disponer de contrato y sin que “sus servicios como asesores externos salieran a concurso”. Lo que implicaría que “todos los proyectos que han realizado los dos arquitectos pueden verse comprometidos” y como prueba aporta las informaciones periodística "admitidas por la misma arquitecta en su comparecencia en el Parlament de Catalunya” donde fue interpelada al respecto.

Un gasto insoportable
Estos hechos, según Acción Pública, “son un evidente caso de ilegalidad en el ejercicio de funciones y potestades públicos” y responsabiliza de ello al secretario municipal del Ayuntamiento, a quien también acusa de “consentir/encubrir una presunta usurpación de funciones públicas” con un gasto que no podría haberse soportado con un habitual contrato de prestación de servicios.

"Procedimiento sancionador
Jabonero denuncia unos hechos que debieran dar lugar a incoar un procedimiento sancionador” según lo dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado Público, “en el bien entendido de que su conducta reiterada durante años en lo referido a técnicos externos ha sido claramente –para este compareciente- conculcadora de las obligaciones de su cargo en cuanto a garante de la legalidad”.