Familias que pagan sin saberlo el “impuesto revolucionario” que el Gobierno de Cospedal aplica a todos los alumnos usuarios del comedor escolar (cientos de miles de euros) y ayuntamientos que se hacen cargo sin ser su competencia, además del mantenimiento de los centros, de las facturas del gas, luz y agua de las cocinas y comedores donde las empresas de cátering contratadas por el Ejecutivo de Cospedal dan “de comer” diariamente a miles de niños, previo pago de 4,77 euros por persona y menú, impiden que los colegios públicos de Castilla-La Mancha quiebren y muchos de ellos tengan que cerrar sus puertas por falta de dinero para su funcionamiento, ya que desde que gobierna la secretaria general del PP en esta Comunidad se ha reducido drásticamente el presupuesto asignado a estos menesteres, pasando de los 55 millones que destinaba el Gobierno socialista de Barreda en 2010, a los 22 que consigna en la actualidad la Consejería de Educación. La friolera de 33 millones de euros menos cada curso para más alumnos y para más necesidades. Un hachazo del 40 por ciento que, “curiosamente”, coincide con la partida presupuestaria reservada por el “fondo de reptiles de CospeLeaks” a los medios de comunicación de su órbita y para autobombo del Gabinete castellano-manchego y gloria de su lideresa.
Cospedal se ahorra 2,5 millones a costa de Page
Es de sentido común pensar que con 22 millones de euros no se puede hacer lo mismo que con 55. Por lo tanto, con 33 millones de euros menos es imposible que los centros docentes de Castilla-La Mancha funcionen como las leyes educativas exigen, a no ser que paralelamente la administración, en este caso el Gobierno de Cospedal, disponga de otras fuentes de financiación que refuercen el deficitaria financiación de los colegios. Y es aquí, en la negativa a asumir competencias propias del Gobierno autonómico que preside Cospedal, donde se eluden millonarios gastos que solo en Toledo supone 2,5 millones anuales en mantenimiento de los centros escolares que debería abonar por ley la Junta de Castilla-La Mancha desde el 1 de enero de 2014. No es de extrañar, entonces, que el alcalde toledano, Emiliano García-Page, esté dispuesto a reclamar “de manera política y, si no hacen caso, de manera judicial este gasto impropio que no le corresponde asumir al consistorio”, ha dicho en numerosas ocasiones el también candidato socialista a la Presidencia del Gobierno castellano-manchego.
Limasa reclama 23.387 euros en facturas de gas
Pero no solo Page desembolsa todos los años dos millones y medio de euros, “que podrían repercutir en beneficio de los toledanos”, es que, además, el Gobierno de Cospedal intenta “colarle” también la factura energética derivada del consumo en cocinas y comedores, cuando ese abono debería corresponder a las concesionarias del cátering contratadas por el Gobierno del PP. En este sentido, ELPLURAL.COM ha tenido acceso a la reclamación y las facturas aportadas por la empresa concesionaria Limasa, encargada del mantenimiento de los centros escolares capitalinos, recordando al ayuntamiento que el pliego de condiciones no recoge el coste del suministro de gas que da servicio a los comedores escolares. De ahí que Limasa exija al consistorio gobernado por García-Page más de 23.000 euros solo por el suministro de gas a dos colegios de la capital. ().
Más subvenciones para centros concertados
Sin embargo, la historia cambia radicalmente cuando se trata de ayudar y facilitar la implantación de la educación privada y concertada en Castilla-La Mancha. A María Dolores Cospedal no le duele en prenda ceder terrenos por 50 años para la instalación de un colegio privado al que posteriormente se subvencionará vía concierto económico, como así pretende llevar a cabo en la localidad toledana de Seseña, concretamente en el residencial “El Quiñón” donde el otrora polémico magnate del ladrillo, Francisco Hernando “El Pocero”, frustró su sueño de construir una ciudad para 30.000 almas. Y es que Cospedal, que lleva a su hijo a un colegio privado bilingüe en Toledo, como no podía ser de otra forma, ha dejado claro que su Gobierno siempre estará al lado de la iniciativa privada en este sector, como queda demostrado en las partidas presupuestarias (subconceptos 48716 y 48717) habilitadas al respecto. Si en 2010 el Gobierno de Barreda destinaba 84,7 millones al concierto educativo, hoy esa cantidad alcanza casi los 90 millones de euros. Cuestión de prioridades: mientras que el presupuesto para el funcionamiento de los colegios públicos disminuye en 33 millones, las ayudas a los centros privados se incrementa en cerca de seis.
