Manifestación esta mañana de los trabajadores del Registro de Madrid contra los planes privatizadores del Gobierno. (Foto: elplural.com)
Los funcionarios del Registro Civil de la calle Pradillo de Madrid se han manifestado desde primera hora de la mañana frente a la puerta del organismo público. Al grito de "Catalá escucha: justicia esta en la lucha" han expresado su rechazo a las intenciones del Gobierno de Rajoy de privatizar un servicio básico para la ciudadanía y en el que se manejan datos de indudable confidencialidad.
El próximo 11 de abril está convocada una manifestación en la Plaza de Cibeles, de Madrid, en contra de la privatización convocada por la Plataforma de Funcionarios de los Registros Civiles y respaldada por la mayoría de los sindicatos con representación en la Administración de Justicia. La plataforma reúne a unos 3.500 funcionarios de los diferentes registros de España.
El sindicato de Trabajadores de la Administración de la Justicia (STAJ), mayoritario en la Comunidad de Madrid, tilda directamente de "pelotazo" los planes del Gobierno del PP de privatizar los registros entregando su gestión a los registradores mercantiles. En un comunicado colgado en su página web recuerdan los lazos del presidente del Gobierno y el ministro que inició la reforma, Alberto Ruiz Gallardón, con los registradores: es la profesión de Rajoy, la de sus dos hermanos y la de la nuera y un cuñado del exministro. "La privatización de los Registros Civiles en España y que la misma sea liderada por esta saga familiar, como mínimo, huele muy mal".
El ministro Rafael Catalá ha continuado con los planes privatizadores de Gallardón. El pasado martes el BOE publicaba el acuerdo de encomienda de gestión de los expedientes de nacionalidad de inmigrantes al Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles por valor de 4 millones de euros. Creen que esos millones se podían haber invertido directamente en el registro civil actual para dotarles de los medios necesarios para hacer su trabajo. La precariedad de sus condiciones de trabajo es tal que hasta la Defensora del Pueblo se ha hecho eco de la situación.
