El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha estimado el recurso de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en contra “la ley de Cospedal” que establecía el catálogo de servicios y prestaciones económicas del sistema de atención a la dependencia. “Por lo razonado, también se daría el segundo presupuesto legal; que vendría a exigir que la Orden pasara por el control de legalidad del Consejo Consultivo Autonómico. Tal omisión, nos ha de llevar a considerarla como nula de pleno derecho, al tratarse de un requisito esencial en la elaboración de la norma”. Así de contundente, y por enésima vez, se muestra la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal castellano-manchego contra el despotismo exhibido a diario por la presidenta del Ejecutivo regional, María Dolores Cospedal.
“Recortes arbitrarios y retroactivos”
El coordinador de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia, José Luis Gómez-Ocaña, reconoce a este periódico que “la Orden anulada establecía un conjunto de recortes arbitrarios y retroactivos contra los derechos de las personas dependientes, reconocidos en la Ley de Dependencia y en la propia Constitución”. Para este luchador en favor de los dependientes, a quien Cospedal se ha negado reiteradamente a recibir, es “ especialmente grave y sangrante el trato degradante e inhumano que dan a los grandes dependientes, es decir, a las personas que necesitan ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial necesitan el apoyo indispensable y una persona a su lado 24 horas al día todos los días del año, para poder seguir viviendo.
“Línea que separa la vida y la muerte”
Y es que la Orden anulada establecía todo tipo de requisitos retardatorios y obstáculos para impedir la atención que necesitan estas personas que se encuentran “en la fina línea que separa la vida y la muerte”, añade Gómez-Ocaña, “por ejemplo, imponía un periodo de carencia mínimo de un año para poder solicitar la prestación, y después la Consejería podía suspender durante dos años y medio más la percepción de la prestación.
Abandono de las familias
Además, si moría el dependiente antes de obtener la resolución expresa del derecho a las prestaciones económicas, la Junta de Comunidades no abona nada, lo cual se convertía en un estímulo para que la Consejería demorara al máximo el reconocimiento de las prestaciones. Dada la muy deteriorada salud de los grandes dependientes, sea por enfermedad y/o vejez u otras causas, una demora de tres años y medio conlleva una alta probabilidad de fallecimiento. Y más si no se garantiza que reciba la debida atención. “El hecho objetivo de esta disposición ha sido el fallecimiento de más de cien mil personas en todo el país, más de cinco mil en Castilla-La Mancha esperando a recibir la prestación a la que por ley deberían haber disfrutado”, agrega el portavoz, “un hecho sin precedentes en cualquier Estado de Derecho.
Responsabilidades políticas
José Luis Gómez-Ocaña espera que la presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, “haya tomado buena nota de la sentencia y extraiga las consecuencias políticas que proceden en relación con el Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, curiosamente responsable nacional de Asuntos Sociales del Partido Popular, que acumula la enésima ilegalidad en su gestión denunciadas por esta Plataforma”, para concluir exigiendo que el Gobierno de Cospedal “restablezca a las personas dependientes en sus derechos ordenando la revisión de todas las prestaciones que han sido denegadas, recortadas o suspendidas al amparo de la Orden anulada, procediendo de oficio a su abono a las personas que se han visto ilegalmente privadas de ellas.
En memoria de Jomián
Gómez-Ocaña lamenta profundamente “que muchas de esas revisiones no puedan ser restituidas ya que, además del hurto económico al que han sido sometidas miles y miles de personas dependientes, muchas de ellas han fallecido, a muchas de ellas hay que buscarlas en los cementerios”. Como ejemplo paradigmático de todo lo que ha acontecido recuerda “en estos momentos al niño de 13 años gran dependiente, Jomián Leonel --como informó ELPLURAL.COM--, fallecido ahora hace un año y al que se le denegó la prestación económica al amparo de la Orden hoy declarada nula de pleno derecho y que murió a cien kilómetros de su madre que no pudo estar a su lado en estos momentos tan dolorosos”.
