La Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha condenado al alcalde del PP de la localidad ciudadrealeña de Viso del Marqués, Alfonso Toledo, a reintegrar a las arcas municipales 1.2284,99 euros que el regidor se gastó en copas y consumiciones varias en un local hostelero del municipio y que nunca llegó a justificar, según la sentencia del organismo fiscalizador a la que ha tenido acceso ELPLURAL.COM (ver sentencia), que también condena a sus tres tenientes de alcalde como responsables directos del alcance causado en los fondos del Ayuntamiento, obligándoles a reponer las cantidades más los intereses legales.
30.000 euros en comidas y bebidas
El caso es que Alfonso Toledo y sus concejales sacaron adelante en sesión plenaria celebrada en 2012 una propuesta consistente en prorratear por cinco años más la concesión del restaurante “La Almazara del Marqués”, propiedad del Ayuntamiento, por un importe de 15.000 euros, cuando el alquiler del negocio estaba fijado hasta ese año en 21.000. Pero no solo eso, el regidor del PP introdujo una nueva cláusula en el convenio descontando a esos 15.000 euros cinco mil que serían abonados al Ayuntamiento por los arrendatarios en comidas, bebidas y otras viandas, incluyendo el año de la firma y otros cinco más. O lo que es lo mismo, el Consistorio tendría en su haber 30.000 euros para dedicarlos a comilonas y demás festines gastronómicos en ese tiempo.
Conducta gravemente negligente
No es de extrañar, entonces, que el Tribunal de Cuentas califique la conducta del alcalde del PP como “gravemente negligente”, al entender que “el perjuicio a los fondos públicos se deriva de la ausencia de acreditación de que los gastos en concepto de consumiciones diversas efectuados se correspondan con el ejercicio de funciones institucionales”. Es decir, siempre según el Tribunal de Cuentas, el alcalde y sus concejales demandados han sido incapaces de explicar la relación de esas consumiciones con actividades del Ayuntamiento. De ahí que “pueda imputarse responsabilidad contable por alcance cuando el que maneja los fondos públicos es incapaz de explicar con la mínima e imprescindible actividad probatoria la inversión, destino o empleo dado a los mismos”. Así les recuerda “la obligación ineludible de aportar los correspondientes justificantes documentales, en orden a identificar la persona que realizó el gasto indemnizable y acreditar el fin público o la causa de tal estipendio”.
Más facturas sin justificar
No solo eso, el órgano fiscalizador considera no justificadas las facturas carentes de firma de visado de autoridad municipal, en concreto, seis importes de los denunciados, aunque reconoce que hay más facturas de ese tenor, pero para incluirlas debería ampliarse la denuncia. El Tribunal de Cuentas, además de animar al PSOE a proseguir con su demanda, algo que el partido está valorando en la actualidad, según declaraciones a este medio de su portavoz en Viso del Marqués, María Luisa Delfa, afea al alcalde popular su falta de transparencia, dado que han realizado los gastos y los han ocultado al pleno del Ayuntamiento. Concretamente les recuerda que “deberían haber rendido cuentas y dado conocimiento de tales desembolsos al Pleno del Ayuntamiento, reflejándose en la correspondiente acta”.
Un rapapolvo en toda regla
Así las cosas, y por mucho que el alcalde, profesor jubilado que cobra todos los meses en torno a 1.100 euros por asistencia a juntas de gobierno, quiera minimizar el impacto de la sentencia del Tribunal de Cuentas, está claro que la notificación considera a todos los demandados (Luis Julián Camacho, Alfonso Toledo, Benito Huertas, Cándido Victoria y María José de la Gama) responsables directos del menoscabo a las arcas municipales y les condena por alcance contable. “Las acciones desplegadas por los demandados se han desprendido de las cuentas que debían rendir como gestores municipales y han ocasionado un menoscabo efectivo e individualizado con relación a determinados caudales”, concreta la sentencia, para concluir señalando que “al igual que el alcalde, los deberes de los miembros de la Junta de Gobierno Local fueron incumplidos, de forma muy grave, existiendo un innegable nexo causal entre sus respectivas actividades y el daño económico producido en los fondos municipales”.
