Delitos privados, defensas pagadas con dinero público
Los nueve concejales, se vieron obligados a dimitir por el escándalo, decidieron que fuera el Ayuntamiento de Santiago, con cargo a sus presupuestos, el que pagara los gastos de la defensa de Adrian Varela, un concejal del PP imputado en la operación Pokemon, que investiga presuntos delitos de corrupción en numerosos ayuntamiento gallegos y salpica a políticos de todos los colores. La Audiencia Provincial considera en su sentencia, contra la que no cabe recurso, que "no cabe apreciar que la decisión enjuiciada constituya la flagrante e inequívoca vulneración del ordenamiento jurídico, adoptado con conciencia del quebrantamiento del derecho en que se incurriría, que es precisa para su castigo como la infracción de prevaricación que se imputa".
Aunque para el Juzgado de lo Penal número 1 de Santiago había quedado claro que los siete ediles sabían que el acuerdo por el que aprobaron pagar con fondos municipales la defensa de Varela no se ajustaba a derecho, porque no cumplía los requisitos jurídicos a los que el secretario municipal había aludido en su informe, para la Audiencia "no hay prueba de cargo". El fallo judicial definitivo sin duda creará polémica, en primer lugar porque traslada a los ciudadanos que aquellos políticos que se lucren con la corrupción además pueden tener abogados gratis que se pagan con dinero público y, en segundo lugar, porque el fallo judicial a dos meses de las elecciones municipales y autonómicas supone un balón de oxígeno para el PP.
Santiago, el ayuntamiento del PP récord en escándalos.
La situación política del ayuntamiento de Compostela es de récord de inestabilidad en toda España. Va por su tercer alcalde después de que en menos de dos años los dos anteriores tuvieran que dimitir por escándalos relacionados con la corrupción. El actual, Agustín Hernández, era conselleiro de Infraestructuras y fue puesto directamente por Feijóo. La avalancha de dimisiones/ceses a la que se vieron obligados concejales del PP salpicados por diferentes obstáculos, ha llevado a la situación inédita de que de los 13 concejales del PP, tan solo 5 iban en las listas. Se les acabaron hasta los suplentes y 8 de los actuales concejales del PP son concejales no electos.
