La Comisión Europea ha abierto una investigación pormenorizada dirigida a examinar si la financiación pública a un centro de ensayos de trenes de alta velocidad y equipos afines (Centro de Ensayos de Alta Tecnología Ferroviaria, CEATF) cerca de Málaga (España) es compatible con las normas de ayudas estatales de la UE. Según informa la propia Comisión “los costes del proyecto, 358,6 millones de euros, correrían íntegramente a cargo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y de España”. Al día de hoy la Comisión “alberga dudas sobre si el proyecto persigue un objetivo de interés general genuino”.

Así lo expresa la CE en una nota de prensa fechada en Bruselas que añade: “La apertura de una investigación pormenorizada ofrece a las partes interesadas la oportunidad de formular sus observaciones y no prejuzga los resultados consiguientes y permitirá a la Comisión recabar información detallada sobre los aspectos que planteen dudas”.

Para los fabricantes
“En septiembre de 2013, las autoridades españolas notificaron a la Comisión su intención de conceder ayuda a la construcción de un circuito ferroviario en el que los fabricantes podrían realizar pruebas con trenes de alta velocidad y equipos afines a velocidades de hasta 520 km/h.”, explica el comunicado europeo.

Con fondos de Europa
En cuanto a los fondos, según la misma nota está previsto que la financiación pública cubra íntegramente los costes de inversión, que ascienden a 358,6 millones de euros. El grueso de la financiación procedería del FEDER y el resto del presupuesto español. La Comisión evaluó el proyecto en virtud de la normativa en materia de ayudas públicas destinadas a las actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).

Dudoso interés general
“La investigación inicial ha puesto de manifiesto que la demanda de ese tipo de centro de ensayos ferroviarios es escasa; siendo la oposición de la sociedad bastante enérgica, especialmente por cuestiones ecológicas; se considera por lo tanto dudoso que el proyecto persiga un objetivo de interés general”, continúan.

Otros centros europeos sin ayudas
Pero es que también “la Comisión duda también que la medida pueda conceder al CEATF una ventaja selectiva con respecto a otros centros de ensayo de trenes de alta velocidad en la UE, que funcionan sin ayuda estatal”.

¿Acceso abierto?
Añade la CE: “Además, la información facilitada hasta ahora por España no basta para determinar si la infraestructura del CEATF estaría realmente a disposición de todos los usuarios potenciales de la UE en condiciones de acceso abierto y no discriminatorio”.

“Predominantemente deficitario”
“Las previsiones que se manejan actualmente indican también que el proyecto será predominantemente deficitario, y no está claro que la financiación pública del proyecto de CEATF vaya a suponer un estímulo para que los inversores privados aporten financiación complementaria y compartan los riesgos del proyecto”, prosiguen.

Dudosos inversores privados
Por si fuera poco, Bruselas señala su opinión de que la ausencia de inversores privados acarrearía “que previsiblemente no se cumpla la intensidad máxima de ayuda, es decir, la proporción de los costes de inversión subvencionables con arreglo a las normas sobre ayudas estatales en materia de apoyo público destinado a infraestructura de investigación”.

Cerca de Málaga
Como datos de contexto, se apunta que el CEATF se construiría cerca de Málaga, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, España. Su objetivo sería permitir el desarrollo de actividades de investigación en tecnología ferroviaria de alta velocidad, y de la homologación y puesta a punto de material ferroviario y elementos de estructura y superestructura.

No se presentó ningún licitador
 Pero ocurrió que, según recuerda la CE, la licitación convocada por la Administración española en 2013 para seleccionar a un operador del centro por un periodo de 25 años quedó desierta al no manifestar su interés ningún licitador.

Hay que demostrar el interés común
“En 2014, la Comisión adoptó nuevas normas en materia de ayudas públicas aplicables a las medidas concedidas por los Estados miembros a las actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), que entraron en vigor en julio de 2014. Concretamente, estas normas exigen que el proyecto persiga un objetivo de demostrado interés común y subsane una verdadera deficiencia del mercado”.

Subvención oficial mínima
Otro requisito consiste en que “la ayuda pública debe ser necesaria para inducir al beneficiario a cambiar de comportamiento en cuanto a la financiación del proyecto (efecto de incentivo) y limitarse al mínimo necesario para ejecutar el proyecto”, explican.

No más del 60%
“En particular, cuando la ayuda se destina a infraestructuras de investigación (es decir, instalaciones, recursos y servicios afines utilizados por los miembros de la comunidad científica para llevar a cabo actividades de investigación en sus campos respectivos), la ayuda pública debe limitarse a un máximo del 60 % de los costes subvencionables”, concluyen.