Mas en helicóptero y varios diputados escoltados
Así, y aunque la Audiencia Nacional absolvió a 19 acusados por el asedio al Parlament catalán, el alto tribunal considera que aquel fallo no ponderó adecuadamente los derechos en conflicto. De este modo, anula parcialmente aquella sentencia y condena a ocho de los acusados cuyas conductas considera especialmente graves. Los incidentes se produjeron el 15 de junio de 2011, durante una concentración ante el Parlament contra los recortes sociales convocada por el movimiento 15M, que derivó en situaciones de asedio a parlamentarios, entre ellos los presidentes de la Cámara, Núria de Gispert, y de la Generalitat, Artur Mas, que tuvo que ser trasladado en helicóptero. Según la sentencia, uno de los condenados pintó con un spray la espalda de la parlamentaria Montserrat Tura, mientras que otros dos se interpusieron con sus brazos en cruz en el camino de varios diputados catalanes. Algunos de los diputados fueron escoltados por la policía.
Recurso achacando las absoluciones a una "politización extrema"
El fiscal, la Generalitat catalana y el Parlament recurrieron la sentencia de la Audiencia Nacional, a cuyos magistrados el fiscal acusó de "politización extrema" y de haber vertido en su fallo su ideología, de modo que convirtieron el derecho de manifestación en algo absoluto. Ese es el eje también de la sentencia del Supremo, que no modifica en nada los hechos probados en la sentencia de la Audiencia Nacional pero sí su fundamentación jurídica, ya que creen que su análisis de los derechos fundamentales en conflicto en este caso no es correcta. Los hechos enjuiciados, dice el tribunal, pusieron en colisión los derechos de libertad de expresión y reunión frente al de participación de los ciudadanos a través de sus legítimos representantes.
"Los valores superiores del orden democrático"
El Supremo incluso sentencia que "paralizar el trabajo ordinario del órgano legislativo supone afectar no ya el derecho fundamental de participación política de los representantes políticos y, en general, de los ciudadanos catalanes, sino atacar los valores superiores del orden democrático". Entiende así que la Audiencia se inclinó por privar de su jerarquía a uno de los derechos afectados, el de participación política a través de los legítimos representantes en el órgano legislativo, frente a los de reunión y libertad de expresión. Además, considera que las conductas ahora sancionadas encajan en el artículo 498 del Código Penal porque los acusados contribuyeron con su acción a reforzar la violencia e intimidación sufrida por los diputados autonómicos, impidiéndoles el normal desarrollo de sus respectivas funciones representativas.
Voto particular cree que las "connotaciones políticas" están en este fallo
La sentencia incluye un voto particular del magistrado Perfecto Andrés Ibáñez, favorable a mantener la sentencia absolutoria inicial basándose en que el tribunal debería haber tenido en cuenta "la actual situación" y el papel de las instituciones en el contexto de una realidad social conflictiva. El magistrado Andrés advierte de "connotaciones políticas tan intensas" que habrían influido para que en una "previa toma de posición" a la hora de interpretar la ley. Recuerda además que la concentración de protesta fue organizada en contra de los recortes y advierte de que sin justificar sus conductas, éstas "no son aptas para integrar el delito" por el que finalmente se les ha condenado.
La Generalitat aplaude, ICV habla de "dureza y desproporción"
Desde la Generalitat sí han aplaudido la condena. El conseller de Presidencia y portavoz del Govern, Francesc Homs, ha considerado hoy que "una parte muy notable" de la ciudadanía "no entendería que quedase en nada" el asedio a diputados del Parlament, puesto que fue, ha dicho, una expresión "violenta" y una "intimidación". "Se debe respetar aquello que nos representa a todos", ha subrayado sobre el Parlament. Mientras, el portavoz de ICV en el Congreso, Joan Coscubiela, se ha mostrado sorprendido por la "dureza y la desproporción" de la condena de tres años de prisión a los ocho manifestantes.
