Juristas, jueces y ciudadanos acudirán el lunes 16 de marzo en el Colegio de Abogados de Madrid a un acto que se celebrará las 11:30 de la mañana para recordar que la reforma de la Jurisdicción Universal hace un año a manos del Gobierno de Mariano Rajoy, ha supuesto un grave detrimento al derecho a la justicia para ciudadanos españoles y de todo el mundo. Se ha llegado a la desprotección de las víctimas de graves violaciones de Derechos Humanos “implantando un espacio de impunidad contrario a las obligaciones internacionales contraídas por el Estado español”, indican en la convocatoria.

Acudirán expertos en el área de los Derechos Humanos y la Jurisdicción Universal como el magistrado José Antonio Martín Pallín patrono de la Fundación Internacional Baltasar Garzón y miembro de la Asociación pro Derechos Humanos de España; el jurista Manuel Vergara director del Departamento Jurídico de FIBGAR; Raúl Maíllo de la Asociación Libre de Abogados, y los representantes de la APDHE Maite Parejo y Vidal Martin con José Ramón Antón Boix responsable del área de Derechos Humanos del ICAM como moderador.

Couso, El Tibet, El Salvador…
El impacto de la reforma sobre algunos de los procedimientos en trámite en la Audiencia Nacional española al entrar en vigor esta Ley como son los casos del periodista gráfico José Couso, o las denuncias sobre el Tibet o El Salvador serán analizados y debatidos en esta sesión que es de acceso libre y ha sido organizada por la Fundación Internacional Baltasar Garzón y la Asociación Pro Derechos Humanos de España.

Era una conquista jurídica
 Se analizará también el principio de Justicia Universal en el contexto internacional exponiéndose los motivos por los que dicha reforma legal no es acorde a la Constitución y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Los convocantes, han realizado un manifiesto que resalta como la Jurisdicción Universal representa una de las mayores conquistas jurídicas del Siglo XX.

Permitía proteger los Derechos Humanos
“Como instrumento procesal, ha supuesto un punto de inflexión en la protección efectiva de los Derechos Humanos, permitiendo la persecución de las violaciones más graves más allá de cualquier frontera. Igualmente supone uno de los más importantes progresos democráticos, desafiando frontalmente la impunidad bajo la cual los regímenes totalitarios y dictatoriales se ocultan”, explican.

España fue la vanguardia
Recuerdan como España ha sido vanguardia en la aplicación de dicho principio, entre otros casos, con la condena del militar argentino Adolfo Scilingo y la persecución del dictador chileno Augusto Pinochet.

Una involución de tres décadas
Tras una primera reforma en 2009, la realizada el 13 de marzo de 2014 llevó a esta Ley a la práctica inoperancia. Para los firmantes del manifiesto, esta actuación fue motivada “por el malestar que su utilización provocaba a grandes potencias más o menos democráticas, supuso una involución de tres décadas en nuestro ordenamiento.”

Obligación jurídica
“El ejercicio por uno mismo o la facilitación de la utilización por un tercer Estado de la Jurisdicción Universal es una obligación jurídica que deriva de diversos instrumentos internacionales ratificados por España. En este sentido, y a título de ejemplo, las Convenciones de Ginebra imponen la persecución de ciertos crímenes con independencia del lugar de comisión, nacionalidad del agresor o de la víctima”, explica el manifiesto.

Compromiso político
Añaden que el ejercicio del principio de Justicia Universal es también una obligación política. “Las democracias actuales dicen estar comprometidas en la defensa e impulso de los Derechos Humanos. Esto no es compatible con la colaboración por omisión en la perpetuación de los espacios de impunidad que la Jurisdicción Universal amenaza”.

Una conquista progresiva
Del mismo modo señalan su carácter de obligación histórica. “Los Derechos Humanos y los instrumentos para la defensa de los mismos se han ido conquistando progresivamente en la lucha más importante para la humanidad de los últimos dos siglos. El vaciamiento de uno de estos instrumentos, tras su conquista, es un paso atrás, una regresión consciente hacia momentos de nuestra historia reciente que tememos repetir”.

Que vuelva a ser vigente
Concluyen exigiendo “se modifique el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y los artículos relacionados en materia de Jurisdicción Universal, devolviéndola a nuestro ordenamiento de forma plena y de modo coherente con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el estado del conocimiento científico-jurídico actual y con la dotación suficiente de recursos para su aplicación material efectiva”.

Balance de la reforma de la Jurisdicción Universal. Lunes 16:00 de marzo a las 11:30 horas en el Colegio de Abogados de Madrid, calle Serrano, 9.