La Intervención del Estado confirma las sospechas: Jerez adjudicó 355.000 euros a la 'Gürtel' de manera ilícita

Tras muchos enfados por la inexplicable lentitud de la respuesta, el juez Pablo Ruz ya ha recibido el informe de la Intervención General del Estado (IGAE) acerca de las andanzas de la trama Gürtel en Jerez de la Frontera. Y el resultado deja en muy mal lugar a la alcaldesa y senadora del PP, María José García-Pelayos y, por extensión a Isidro Cuberos, quien fuera jefe de prensa de Javier Arenas y, según la Policía, el inspirador de los contratos con la trama de Francisco Correa.

Lo que la IGAE relata en su informe a Ruz, y al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM, es la prueba de que, cuanto menos, se elaboró toda una chapuza administrativa para que la Gürtel se llevase más de 355.000 euros de las arcas públicas con motivo de la participación local en Fitur 2004.

El negocio de Fitur
En 2004, la trama Gürtel se adjudicó un lote de contratos del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad (IPDC) de Jerez de la Frontera para su participación en la feria de turismo Fitur. Special Events consiguió el montaje del stand, por 162.806 euros; Teleanuncio se llevó 141.364 euros por la "publicidad y propaganda"; y Down Town Consulting se adjudicó sendos eventos en lugares emblemáticos de Madrid por 39.366 euros y 11.855 euros. Tres empresas diferentes que pertenecían al mismo dueño: Francisco Correa. De hecho, esta última empresa fue a la que la Comunidad de Madrid adjudicó un homenaje a las víctimas del 11M que fue dividido en 14 facturas diferentes para forzar que el concurso público fuera cerrado.

"Importantes defectos formales"
Para empezar, IGAE señala en su informe que en los "expedientes examinados" se ha incumplido lo que marcan los estatutos de IPDC, pues están aprobados por la presidenta (la alcaldesa) y no por el Consejo Rector de la institución. Pero además, "muchos de los documentos que conforman el expediente administrativo contienen importantes defectos formales, no consta la fecha ni quien los firma, pero lo que es preciso destacar es que prácticamente ninguno, y en especial los que afectan a notificaciones a los adjudicatarios o escritos presentados por estos, carecen del correspondiente sello o membrete del registro público, que garantice la fecha y la veracidad de su contenido".

Ya sabían que se iba a participar en Fitur
Además, IGAE señala que el concurso debería haber sido abierto "en lugar de usar el procedimiento negociado sin publicidad". Y no sólo por las cantidades adjudicadas, sino porque "no está justificada la imperiosa urgencia y mucho menos que la misma sirva de excusa para vulnerar los procedimientos de licitación", dado que el Ayuntamiento "al menos desde el 18 de noviembre de 2003, ya se tenía conocimiento de que se iba a participar en Fitur 2004".

Sin registro de las invitaciones
IGAE también considera que se vulnera la ley porque "no queda acreditado el medio (fax, correo ordinario, correo electrónico, etc.) ni en qué fecha se han cursado las invitaciones a distintas empresas. Tampoco consta en qué fecha y cuál ha sido el medio utilizado para presentar las ofertas de Special Events o Teleanuncio". Es decir, que no hay pruebas de que se haya invitado a más empresas que a las de la trama Gürtel.

"Adolecen varias deficiencias"
Otro aspecto polémico son los criterios de valoración de los pliegos, que "adolecen varias deficiencias". Lo que habría provocado que, en el caso de que hubieran concurrido varios licitadores se hubiera producido una valoración con un elevado grado de subjetividad". Esto significa que por muchas condiciones que tuviera el concurso, se podría haber decidido adjudicar el concurso a quien el ayuntamiento quisiera.

Retrasos sospechosos
Hay otros errores que hacen sospechar sobre la legalidad del contrato, como que los certificados de las empresas de estar al corriente con Hacienda "deben aportarse antes de la adjudicación del contrato", pero en este caso se hicieron entre mes y mes medio después de la firma del convenio. O que se exigía a Teleanuncio que entregase un "manual de identidad corporativo" antes de realizarse los servicios contratados. Y el registro de IPDC confirma que el manual se entregó el 11 de enero de 2005, cuando el Ayuntamiento ordenó el pago por los servicios prestados el 5 de marzo de 2004, casi un año antes de que se cumplieran las condiciones.