Absoluta indignación y bochorno recorren de Norte a Sur y de Este a Oeste todas las comisarías de Policía Nacional de España con un escándalo político, con trama policial y jurídica, que daría para toda una saga cinematográfica en Hollywood. Todo comenzó cuando el Presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González (PP), acusó a dos comisarios de policía de "intento de chantaje" para parar las investigaciones sobre un ático de lujo que posee en Estepona, y del que se sospecha que se lo regalaron como compensación a una operación urbanística en Arganda del Rey. Ahora el investigado es uno de los policías, el comisario Villarejo, y no el político gracias a una información de El País, el mismo periódico que no consideró digna de su portada  la información del supuesto chantaje. Al margen de maniobras o intereses políticos, policiales o  periodísticos, inspectores, comisarios y policías de a pié no dan crédito a la actuación del Director General de la Policía y del Secretario de Estado de Seguridad.

Imagen lamentable
La labor desempeñada por el Director General de la Policía, Ignacio Coisidó, es criticada por la mayoría del cuerpo incluso "por los más afines al PP", han manifestado fuentes policiales a ELPLURAL.COM. Gestión arbitraria y, sobre todo, inoperante y de "una falta de profesionalidad absoluta" son los calificativos comunes con los que se define la gestión de Coisidó, pero el escándalo del ático de Ignacio González ha superado la capacidad de "asombro" ante el desgobierno en la Dirección General.

La opinión extendida entre los profesionales del Cuerpo es que en el mismo momento que un Presidente de una Comunidad Autónoma denunció públicamente ser víctima de un chantaje "se debió abrir una investigación". Además Ignacio González pidió "amparo" al ministro del Interior en esa rueda de prensa y todo ello "con las constantes sospechas de que desde el Ministerio se saboteó y se paró la investigación sobre el ático, es decir se paró una investigación sobre corrupción porque afectaba a alguien importante del PP". Hay mandos policiales que van más allá y señalan que "todo esto apesta", y que el daño a la imagen de la Policía es enorme "porque no se para de hablar de las cloacas del Estado”.

Dimisiones
Al margen de las versiones de unos y de otros, hay una opinión muy extendida entre los mandos policiales de que "en un país serio" este escándalo hubiera provocado el cese o la dimisión inmediata del Director General de la Policía, Ignacio Cosido, y del Secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Aunque Ignacio González puso en el disparadero al ministro, Jorge Fernández Díez, al recordar que había declarado que la investigación sobre su ático era ilegal y al pedirle amparo, "ya no se trata de que los ceses de Cosido y Martínez sean cortafuegos para proteger al ministro, es que deberían ser cesados por pura inutilidad", sostienen fuentes policiales.