El Tribunal Supremo ha citado en calidad de imputado al Presidente del Gobierno de Melilla, Juan José Imbroda (PP), para el próximo día 11 a las once de la mañana. Imbroda está imputado por un presunto delito de prevaricación por la contratación irregular de un abogado que trabajó para la Ciudad Autónoma. Imbroda comparece ante el Supremo al ser aforado en su condición de Senador por el Partido Popular.

La fiscalía a favor
Imbroda presta declaración voluntaria en la fase preliminar del proceso, tras la que el juez Francisco Monterde decidirá si se confirman los indicios de delito y abre un proceso judicial contra el Presidente de Melilla, para lo que tendría que pedir un suplicatorio al Senado.
Los hechos se desencadenaron a raíz de que el titular del juzgado número 2 de Melilla remitiera al Supremo una exposición razonada ante los indicios que indicaban que Imbroda había ordenado directamente la contratación de un abogado externo para defender procesos oficiales. La Fiscalía se pronunció a favor de que el Supremo investigara los hechos porque considera que "hay indicios suficientes" sobre la posible comisión de un delito de prevaricación "sin descartar obviamente la existencia de otras infracciones penales".

El PP ignora su código ético
El caso partió a raíz de una denuncia de una asociación de abogados de Melilla en el año 2001 cuando se contrató a un abogado al margen de los servicios jurídicos de la Ciudad Autónoma para defender al Gobierno local ante 150 denuncias por el despido en unas cooperativas.
El Partido Popular ha anunciado en reiteradas ocasiones que no llevaría en sus listas a las elecciones a políticos imputados, sin embargo ya ha dejado claro que en este caso no cumplirá su palabra dado que Imbroda quiere repetir en las elecciones de Mayo y el PP le respalda. El argumento es que la imputación no se debe a un delito de corrupción, sino a una presunta contratación a dedo. El abogado cobró de las arcas públicas 250.000 euros.