“El ejercicio de las funciones de miembro del Consejo de Gobierno es incompatible con el desempeño por sí o mediante sustitución de cualquier otro puesto, profesión o actividad laboral, públicos o privados (…) La titularidad individual o colectiva de cualquier clase de conciertos, de prestación continuada (…)”. Son solo algunos ejemplos recogidos en el Capítulo II de la Ley que señala las incompatibilidades de los miembros del Gobierno de Castilla-La Mancha y que la titular de Fomento del Ejecutivo presidido por María Dolores Cospedal podría estar vulnerando al ser titular del 41 por ciento de las acciones de la empresa albaceteña Pensolar Mizquitillas, con sede en la calle de Albarderos de la capital y con claros intereses en el sector de la producción eléctrica castellano-manchega.
Beneficiara de un préstamo participativo y sus intereses
El caso es que Marta García de la Calzada no solo es propietaria del citado 41 por ciento de las acciones de Pensolar Mizquitillas SL, también es beneficiaria de un préstamo participativo de la misma compañía por valor de 52.500 euros y de sus correspondientes intereses que se elevan a 5.436, según recoge la propia declaraciones de bienes de la consejera de Fomento. Este tipo de préstamo destinado a empresas se caracteriza por la participación de la entidad prestamista en los beneficios de la empresa financiada, además del cobro, por regla general, de un interés fijo, siendo una fórmula de financiación intermedia entre el capital social y el préstamo a largo plazo.
“Producción eléctrica de otros tipos”
Pensolar Mizquitillas, sociedad limitada creada en noviembre de 2006, con un capital actual de 24.641 euros, tiene como principal argumento empresarial la “producción eléctrica de otros tipos”, por lo que llama la atención que la consejera de Fomento tenga estos intereses tan explícitos y a priori incompatibles con su trabajo al frente de este departamento, que, entre otras competencias, administra instalaciones de producción, distribución y transporte de energía, cuando el transporte no salga de su territorio y su aprovechamiento no afecte a otra Comunidad Autónoma, el estudio, propuesta y seguimiento de la ejecución de la política energética y el desarrollo de programas de fomento de las energías renovables e incentivación del ahorro y la eficiencia energética en Castilla-La Mancha.
Su socio y esposo y juez amigo de Cospedal
Marta García de la Calzada, que pidió a sus colaboradores evitar la utilización de palabras como “desahucio, desalojo, pérdida o privación de vivienda…” y sustituirlas por “el impago producirá los efectos previstos en la normativa”, para amenazar a los parados que no podía pagar el alquiler al Gobierno de Cospedal, es íntima de ésta, con quien compartió pupitre en las Dominicas de Albacete, y con quien preparó sus oposiciones a Abogado del Estado, además de estar casada con el magistrado del Consejo General del Poder Judicial, Gerardo Martínez Tristán, quien, además de intentar frenar las iniciativas tendentes a impedir la privatización de las sanidad madrileña, se opuso con toda su fuerza a que Pablo Ruz renovara seis meses más su mandato para seguir investigando los papeles de Bárcenas donde aparece su también amiga, María Dolores Cospedal. Martínez Tristán cuenta con otro 41 por ciento de acciones de Pensolar Mizquitillas.
A vueltas con su declaración de bienes
Lo cierto es que para Cospedal su consejera de Fomento es “algo más que una amiga”, como reconoció en su toma de posesión, en junio de 2011. Y tanto, porque es difícil entender cómo García de la Calzada renunció a un sueldo de 103.143,87 euros en su condición de vicepresidenta del Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid, para pasar a ganar 48.014 euros al frente de la citada consejería. Es decir, la compañera de pupitre de Cospedal cobra ahora un 46,5% menos (-55.129,35 euros), si bien percibe otros emolumentos que no recoge en su obligada declaración de bienes y patrimonio, como los algo más de 3.000 euros de trienios por su condición de abogada del Estado en excedencia, como sí lo hace su “íntima” Cospedal en su declaración, aunque este año se le “ha olvidado”. Y tampoco se entiende que en dos años haya pagado sólo 5.016 euros de las dos hipotecas que mantiene activas por valor de 180.000 euros, a no ser que haya abonado cuotas de 209 euros mensuales, lo que le mantendría atada a los préstamos hipotecarios durante los próximos 72 años.
